Una serie de reparos al proyecto de ley de glaciares que se encuentra en el Congreso planteó Rodrigo Weisner, socio del Estudio Jurídico Puga Ortiz, advirtiendo que si bien la iniciativa legal tiene un objetivo correcto, afirma que es necesario detallar varias definiciones técnicas para no provocar impactos negativos en la disponibilidad del recurso para actividades económicas.
El especialista afirma a Revista ELECTRICIDAD que el proyecto también debe considerar el tema del ordenamiento territorial, especialmente en lo que se refiere al estudio de cuencas que realizó el Ministerio de Energía para ver el potencial hidrológico en generación eléctrica.
La propuesta legal actualmente está en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
¿Qué relevancia le atribuye al proyecto para el uso futuro de los recursos hídricos?
Hay que tener presente que gran parte de las cuencas del país tienen su origen en glaciares, por lo que si los descuidamos o los intervenimos, afectándolos gravemente, puede significar un problema grave que podríamos tener en un futuro no muy lejano. No hay que olvidar que nosotros somos altamente dependiente del agua, del origen de las cuencas y del derretimiento de glaciares. Sería una mala medida e inadecuado que no nos preocupemos por el tema. Entonces, este proyecto de ley es interesante, constituye un avance, pero tiene problemas de técnica legislativa, por lo que sería conveniente que en los próximos trámites se hagan correcciones para tener una muy buena ley.
¿Cree que esta iniciativa sea una solución de fondo en este tema?
Las políticas del Estado en materia de cuidado, protección y monitoreo de glaciares va mucho más allá de lo que puede hacer una ley. Creo que el gran déficit del Estado, más que de una legislación prohibitiva, es que gasta muy poca plata en el monitoreo, inventario y cuidado de glaciares. Un ejemplo es que hasta 2006 el Estado gastaba en glaciares $20 millones y en 2007, cuando se crea la Unidad de Glaciología y Nieves en la Dirección General de Aguas, ese presupuesto pasó a $700 millones. El problema es que eso es claramente insuficiente y podemos tener miles de leyes maravillosas, bien escritas y todo, pero si el Estado no tiene la capacidad de investigar con presupuestos que no debieran ser inferiores a US$5 millones al año, cualquier cosa que se haga es letra muerta.
Detalles
¿Qué le parece el contenido del proyecto que envió el Gobierno al Congreso el año pasado?
El proyecto de ley original de 2005 no tenía una buena redacción, no era técnicamente correcto, por lo que el 6 de marzo de 2015 el Gobierno envió una indicación sustitutiva, aportándole definiciones y terminología técnica más adecuada, lo que constituye un avance. Pero el tema se comienza a enredar en septiembre del año pasado, con la indicación sustitutiva que cambia el artículo 5 del proyecto, sobre lo que se entiende por relevancia hídrica del glaciar.
¿Por qué?
Por ejemplo, si un glaciar está ubicado en la parte alta de una cuenca y tiene 25 metros cuadrados, tiene una relevancia nula pues no aporta nada desde el punto de vista del agua. Si tengo un proyecto minero con una inversión total de US$10 millones que va a intervenir una cuenca de estas dimensiones y este se prohíbe, por intervenir ese glaciar, resultaría un contrasentido. Esa idea viene detrás de lo que se entiende por relevancia hídrica, donde el artículo indica que esta se define por su aporte hídrico potencial, y esa relación tiene un problema grave de técnica legislativa, porque no se detalla qué quiere decir el aporte potencial. No se desprende del proyecto de ley qué es lo que quiere decir. Si se intenta explicar que sirve para abastecer la cuenca desde el punto de vista del agua, no especifica qué pasa si el aporte hídrico potencial es bajo, siendo irrelevante desde el punto de vista del aporte del agua.
¿Aprecia otro problema de este tipo en la redacción del Gobierno?
El segundo problema es que el artículo habla de un “mayor volumen de hielo” para definir el potencial, porque no precisa si es mayor a algo: no tiene referencia, dejando en la incertidumbre y a futuros reglamentos lo que es mayor o menor y ahí viene el tema de las arbitrariedades. Estas leyes generales que después dejan todo el rellenado para un reglamento corren el riesgo de que la autoridad tenga un buen o mal criterio. Lo mismo sucede con la última frase “de mayor aporte hídrico” en los glaciares, no entregando un orden de magnitud; podría aportar un 1% o puede ser un 30%, pero no se sabe dónde se pone el límite.
¿Ve una relación entre el impacto del proyecto de glaciares y el estudio de cuencas que hizo el Ministerio de Energía?
Claramente debiese tomar en consideración el tema del ordenamiento territorial, que debe indicar lo que se quiere proteger. Mi temor es que esa mirada no se esté viendo en conjunto, pero es solo un temor, no tengo ninguna constatación de que eso efectivamente ocurra.