“Obras de interés nacional: Hacia una nueva institucionalidad ambiental 2.0 para acelerar el desarrollo de Chile”, fue el tema de un conversatorio ralizado este martes por Transelec, que contó con la participación de expertos de los sectores público y privado, quienes analizaron los avances en la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.
Este proceso, conocido como “Evaluación Ambiental 2.0”, busca fortalecer la institucionalidad ambiental y, junto con el proyecto de permisos sectoriales, pretende agilizar la aprobación de autorizaciones necesarias para desarrollar iniciativas de inversión.
En el encuentro intervinieron como panelistas Ricardo Díaz, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental de Conaf; Robert Currie, ex jefe del Departamento de Legislación y Regulación del Ministerio del Medio Ambiente y actual director de Estrategia Ambiental en Azerta; Marcela Klein, consultora y ex jefa de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía; y Paulina Riquelme, abogada especialista en temas ambientales.
Al inicio de la actividad, Arturo Le Blanc, gerente general de Transelec, señaló que las obras que desarrolla la empresa −de transmisión eléctrica, desalinización y transporte de agua y de almacenamiento− son en su mayoría de interés nacional. “Son proyectos que impulsan el crecimiento del país y forman parte de una agenda que trasciende los intereses de una empresa individual; es una agenda nacional enfocada en la descarbonización y en una minería más verde”, afirmó.
Le Blanc destacó que no se trata de reducir el nivel de protección ambiental, sino a hacer más ágil y coherente la evaluación de estos proyectos. Como ejemplo, mencionó que una línea de transmisión eléctrica puede requerir más de 300 permisos sectoriales diferentes. Por ello, instó a las autoridades y empresas a colaborar en el marco de los actuales proyectos de ley en el Congreso, con el objetivo de agilizar la infraestructura crucial y urgente para Chile.
Por su parte, Ricardo Díaz subrayó la relevancia de la coordinación entre las empresas y el sector público, afirmando que “cuando se presentan proyectos estratégicos o de interés nacional, es esencial mantener una retroalimentación con los ministerios encargados de estas iniciativas. Empezar las conversaciones y análisis en etapas tempranas, considerando los emplazamientos y recursos afectados, es una gran ventaja”.
A su vez, la consultora Marcela Klein destacó una paradoja con respecto a las obras de interés nacional, ya que son “muy queridas por la población, por el Estado y el gobierno de turno, pero a la vez resultan muy complejas de evaluar. Por ejemplo, la participación ciudadana que se usa para un proyecto inmobiliario es la misma que para una planta de residuos o una línea de transmisión, a pesar de que estas últimas tienen particularidades que requieren una regulación especial”.
Reformas más profundas
Paulina Riquelme, abogada especializada en temas medioambientales, expresó sus reservas sobre el proyecto de ley “Evaluación 2.0” (ingresado a tramitación enero de este año), señalando que no logra despolitizar el proceso y sugirió la necesidad de reformas más profundas. Además, resaltó que “hay cuestiones que no se resuelven solo con leyes, sino con una mejor gestión” y propuso que una medida adecuada sería crear en el Servicio de Evaluación Ambiental una oficina dedicada a guiar y acompañar la evaluación de proyectos estratégicos, como los de transmisión, dada su complejidad.
Finalmente, Robert Currie, director de Estrategia Ambiental en Azerta, señaló que el proyecto de ley “comenzó con más dudas que certezas”, aunque durante el debate parlamentario se han hecho ajustes importantes. Mencionó que un ejemplo de ello es la figura de “proyectos urgentes”, que actualmente permiten reducir un 50% los tiempos de tramitación, pero que es muy específica, pero que con esta nueva ley podría aplicarse a más casos. “Se busca que proyectos de infraestructura crítica o de relevancia nacional sean tratados como urgentes. Existe la intención de avanzar en estos proyectos estratégicos”, agregó.
Currie también destacó que las ambiciosas metas de descarbonización del país dependen del desarrollo de condiciones habilitantes, como la aprobación de proyectos de transmisión que permitan conectar y transportar la energía renovable que se está generando en Chile.