enero 29, 2014 | Industria
(Pulso) A toda marcha trabaja la Contraloría General de la República en una resolución que analizará la eventual existencia de irregularidades administrativas o incumplimientos legales de parte del Comité de Ministros. ¿El motivo? La demora de más de dos años en la tramitación de las reclamaciones presentadas ante dicha instancia ministerial por el mayor proyecto hidroeléctrico de nuestro país, HidroAysén.
Así lo confirma a Pulso el mismo contralor, Ramiro Mendoza, quien sostuvo que «nosotros estamos haciendo y revisando unos antecedentes en ese sentido (…) Eso debiera salir en los próximos 20 días», sostuvo la autoridad, precisando que de todos modos el informe se conocerá antes de marzo.
La resolución a la que se refiere el contralor es en respuesta a un oficio enviado por el diputado radical , Alberto Robles, y que contó con el patrocinio la presidencia de la Cámara de Diputados en abril de 2013, poco menos de un año atrás. En concreto Robles solicitó a la Contraloría su pronunciamiento «sobre la eventual existencia de irregularidades administrativas o incumplimiento legal, en la ausencia de la convocatoria a la reunión del Consejo de Ministros que debe resolver las reclamaciones presentadas por agrupaciones de la sociedad civil y por la propia compañía respecto del proyecto hidroeléctrico HidroAysén».
El parlamentario añade que «aquí hay un tema más bien político de por medio. En el caso de Punta Alcalde que es una central a carbón no se demoraron nada. Mientras en HidroAysén que es una hidroeléctrica llevan dos años».
En ese sentido Mendoza admite que la Contraloría también ha demorado en la entrega de su informe. Esto sostiene «porque los antecedentes son complejos. Los procedimientos administrativos tienen su tiempo».
La acción del diputado Robles y las indagatorias de la Contraloría se basan en que el proyecto hidroeléctrico lleva más de dos años en la instancia ministerial – luego que el 9 de mayo de 2011 obtuviera su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) – en circunstancias en que la ley señala que el comité tiene un plazo de 60 días para conocer y resolver los recursos de reclamación presentados contra los proyectos.
A juicio de la autoridad al interior del aparato del Estado los estamentos tienen plazos que deben cumplirse, razón por la cual quienes se vean perjudicados pueden recurrir a las instancias que correspondan. «Si esa omisión representa una situación que constituye responsabilidades políticas, administrativas o judiciales es una voluntad que depende de cómo ellos ejercen sus acciones», asegura Mendoza.
Un problema político. Diversas fuentes confirmaron que la razón por la cual el Comité de Ministros no ha sido citado para analizar las reclamaciones por HidroAysén, tiene que ver con diferencias que existen al interior del gobierno respecto de si llamar o no a la instancia.
Mientras el ministerio de Medio Ambiente – que actúa como presidente del Comité de Ministros – presiona para que la instancia sea citada, desde La Moneda tendrían una visión más política, y no verían con buenos ojos que la actual administración pague el costo de aprobar un proyecto como este. De hecho, dicen fuentes, durante los últimos días el tema ha sido tratado en varias reuniones entre la ministra de Medio Ambiente y el Presidente Piñera.
«El ministerio de Medio Ambiente opina, pero el que dice, dispone y cambia es de La Moneda», explica un ejecutivo ligado a la industria.
En efecto, altas fuentes de gobierno confirman que el Servicio de Evaluación Ambiental tiene prácticamente concluido su labor respecto a las observaciones y que por lo tanto todo estaría en orden para citar al Comité de Ministros.
diciembre 13, 2013 | Comunidad, Medio Ambiente
(Diario Financiero) Tras sondear varias opciones los accionistas de HidroAysén, Endesa Chile (51%) y Colbún (49%), están evaluando recurrir a la Contraloría General de la República para conseguir que, tras más de dos años y medio de espera, el Comité de Ministros finalmente se pronuncie sobre las reclamaciones surgidas a raíz de la aprobación ambiental del complejo hidroeléctrico.
Luego del análisis, la figura que se impuso y que aún está en revisión por parte de la sociedad es una denuncia por notable abandono de deberes por parte de los titulares de los seis ministerios que integran esta instancia: Medio Ambiente (que tiene la presidencia); Economía Fomento y Reconstrucción; Salud, Minería, Agricultura y Energía.
El objetivo detrás de esta acusación sería que el organismo que encabeza Ramiro Mendoza precise los términos de la Ley de Bases del Medio Ambiente (19.300) en lo relativo a los plazos que establece para convocar a esta instancia y para que ella actúe.
La legislación establece que el comité debe conocer y resolver los recursos de reclamación presentados en contra de las resoluciones que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA); los recursos de reclamación presentados por personas que estimen que sus observaciones a un EIA no fueron consideradas , así como los reparos contra las resoluciones de revisión de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Para ello se establece un plazo de 60 días.
Una vez que la Comisión Regional de Medioambiente (Corema) aprobó el proyecto en mayo de 2011 y entregó la RCA, tanto la empresa como los detractores del proyecto presentaron sus reclamaciones. La firma buscando precisar el alcance y aclarar el sentido de algunas de las condiciones impuestas al proyecto, mientras los opositores cuestionan también la aprobación.
Una de las opciones que los accionistas de HidroAysén descartaron en este proceso fue activar el mecanismo de silencio administrativo, porque no sería aplicable a las decisiones del Comité de Ministros, las que no estarían asociadas a un instrumento administrativo puntual, como podría ser la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en el caso del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).Conocedores del tema explicaron que la decisión final de concretar una presentación a la Contraloría podría verse en la próxima reunión de directorio de HidroAysén que estaría agendada para la primera quincena de enero.
Preocupación ministerial
Fuentes del mercado comentaron que este lapso buscaría dar “un poco de aire” al tema, considerando que en las ocasiones en que la reunión del Comité se ha programado (y luego suspendido) ha sido para el período entre la segunda vuelta presidencial y el final del año.
Las gestiones que estaría haciendo el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, buscarían tratar de convencer al presidente Sebastián Piñera para que autorice la reunión. El primer mandatario tendría congelado el tema debido a la molestia que le habría causado la decisión de Colbún, que en mayo de 2012 recomendó a la sociedad la suspensión de los estudios de la línea de transmisión del proyecto, a la espera de que se den las condiciones de consenso en torno a la política energética y el desarrollo de la matriz.
Hasta ahora el argumento para explicar porqué la instancia no ha sido convocada es la necesidad de contar con un informe del SEA que sistematice las observaciones como reclamaciones. Sin embargo, existe algún grado de consenso entre los secretarios de Estado en torno a que esta razón es insostenible, pues se trata de 54 reclamaciones, lo que no justificaría tanta dilación, lo que daría sustento a un eventual pronunciamiento favorable a la denuncia por parte de la Contraloría.
