enero 31, 2014 | Industria
(Diario Financiero) Un final abierto. Esa fue la conclusión de la reunión que ayer jueves-tras más de dos años y medio de espera- sostuvo el Comité de Ministros, instancia que definió parcialmente respecto de las 35 reclamaciones que tanto la empresa como los detractores del proyecto presentaron en contra de la aprobación del complejo hidroeléctrico HidroAysén.
Este desenlace no sólo desencadenó distintas reacciones en el sector privado, sino que amenaza con abrir un nuevo frente judicial para esta iniciativa, pues los socios del proyecto podrían impugnar este acto ante el Tribunal Ambiental.
Poco más de tres horas sirvieron para que los seis ministros optaran finalmente por finiquitar cinco de los siete grupos en los que fueron organizadas las 1.013 objeciones contenidas en los reclamos. De esta forma, dos de las temáticas planteadas por la ciudadanía: medio físico hidrológico y medio humano y patrimonio cultural, quedaron pendientes.
Lo anterior por la necesidad de realizar dos nuevos estudios “para mejor resolver”, indicó a la salida del encuentro la presidenta del comité, la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, quien precisó que las mediciones serán pagadas por el Estado y licitadas a organismos externos, como universidades.
“El estudio hidrológico dice relación con la variación diaria de caudal que tendría la operación de la central y con el efecto de vaciamiento de glaciares (Glof). El otro es para medir el impacto potencial que significa para la provincia el hecho de que hay un grupo importante, de más de 5.000 trabajadores, que van a estar al mismo tiempo en la zona de trabajo”, precisó la secretaria de Estado.
Benítez precisó que de acuerdo con los resultados de estos estudios, sería posible que se establezcan nuevas condiciones al proyecto que comprende la instalación de cinco centrales hidroeléctricas de embalse en la Región de Aysén.
De esta forma y tal como se adelantó y se temía en el sector privado, la opción del gobierno fue resolver pero sin decidir, pues no hubo una definición total de las reclamaciones, sino que como explicó la titular de Medio Ambiente, los temas que quedaron pendientes podrían implicar la determinación de nuevas condiciones que podrían afectar la viabilidad del negocio en términos técnicos y económicos.
Asimismo, fuentes de Gobierno indicaron que la estimación es que el 90% de los temas fue resuelto, aunque no hay claridad respecto de las implicancias de aquello.
Acciones de la empresa
“Una vez conocida la decisión formal de la autoridad y sus efectos concretos, la compañía evaluará y resolverá las acciones a seguir”, fue la escueta reacción oficial de HidroAysén, que a su vez precisó que antes de comentar “esperará una notificación formal de las resoluciones de dicho Comité de Ministros, o una información clara de parte de la autoridad acerca de las decisiones adoptadas respecto de las reclamaciones y otros aspectos”.
Pese a ello, trascendió que recurrir al Tribunal Ambiental para impugnar el pronunciamiento del comité figuraría entre las acciones legales y administrativas que la directiva de la empresa podría interponer, tras la autorización de los socios del proyecto, las eléctricas Endesa Chile y Colbún.
Conocedores del tema indicaron que esta presentación podría apuntar a la decisión concreta de aprobar o rechazar las reclamaciones, así como a la arbitrariedad asociada a la orden de realizar nuevos estudios.
Tampoco se descartan otras medidas. Entre ellas estarían recurrir a la Contraloría por el notable abandono de deberes de los ministros, así como acciones de tipo civil contra los mismos por los daños y perjuicios asociados a los más de dos años y medio que pasaron antes del pronunciamiento de la instancia.
“Una demanda civil por daños y perjuicios se sustenta en la no prestación de servicio durante más de dos años y medio ante un requerimiento y luego, además, postergar el pronunciamiento, lo que implica una serie de daños para ese solicitante”, aseguró un abogado.
Plazos
En materia de plazos no lucen más simples, pues fuentes del Ministerio de Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) explicaron que para que los reclamantes sean notificados, lo que detonaría las acciones -por parte de la empresa y de los detractores- primero tiene que redactarse el acta de la sesión del comité y ser visada por las autoridades, lo que podría tomar dos semanas, en condiciones normales y sin considerar que algunos de ellos salen hoy de vacaciones.
En lo que respecta a los nuevos estudios hay que definir las condiciones de la licitación. Llama la atención que aunque esta decisión se tomó ayer, en el SEA precisaron que los términos de referencia de ese concurso están “casi listos”. Tras la adjudicación las conclusiones de los estudios se conocerían dentro de 18 meses, porque las mediciones deben considerar las cuatro estaciones del año.
La conclusión del comité no habría caído nada bien entre los ejecutivos y directivos de Endesa y Colbún, ya que habría quedado en evidencia el uso político de esta instancia que le dejó la decisión al próximo gobierno, pues el contar con un permiso ambiental aprobado, como dijo ayer Benítez, no les da la certeza necesaria, pues los temas que quedaron pendientes son vitales para la iniciativa.
La visión del Contralor Mendoza
Ayer el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, se refirió a la sesión del Comité de Ministros. Esto en el marco del pronunciamiento sobre el rol de esta instancia que fue solicitado hace casi un año por un diputado.
«La reunión de hoy día (ayer) puede alterar un poco la resolución. No necesariamente a favor al comité de ministros», dijo la autoridad fiscalizadora.
Añadió que la presentación parlamentaria apunta a la inactividad del Comité de Ministros en la solución o resolución del tema, acogiendo o denegando los reclamos. Mendoza se refirió a la presión que ha existido en torno a este pronunciamiento del Comite y añadió que «si no sale la decisión y nos pronunciamos en un sentido que reste dimensión al comité, no va tener sentido que se reúnan», planteó.
Bajar la cuenta de luz en Aysén: veredicto parcial
Uno de los 20 puntos de la reclamación de HidroAysén decía relación con que la autoridad precisara el mecanismo regulatorio para ejecutar la rebaja de 50% en las cuentas de luz de Aysén, condición que fue incluida al momento de aprobar el proyecto.
La resolución del comité fue parcial, pues no definió este mecanismo, sino que, como comentaron fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, la decisión fue que se establecerá una mesa de trabajo de carácter público privado en la que junto a la empresa y la autoridad deben participar la distribuidora eléctrica de la zona, Edelaysen (filial del grupo Saesa).
Si este grupo no logra un acuerdo, la empresa quedó facultada para entregar en forma directa a la concesionaria los recursos económicos que permitan concretar la citada rebaja.
enero 30, 2014 | Industria, Medio Ambiente
(Diario Financiero) Uno de los puntos fijados en la tabla de la más reciente reunión del directorio de HidroAysén fue discutir las distintas medidas que los socios del proyecto hidroeléctrico -Endesa Chile y Colbún- estaban evaluando para conseguir que, tras más de dos años y medio de espera, el Comité de Ministros finalmente se pronuncie respecto de las reclamaciones surgidas a raíz de la aprobación ambiental de esta iniciativa.
El resultado de la deliberación fue autorizar a la administración, encabezada por el presidente ejecutivo, Daniel Fernández, para interponer un pool de acciones legales y administrativas que persiguen no sólo obtener un pronunciamiento de la instancia ministerial a las reclamaciones que la empresa y los grupos detractores del proyecto presentaron en junio 2011.
El objetivo de los socios de este polémico proyecto no sólo sería conocer el parecer del Comité de Ministros sino que también destrabar otros permisos asociados a esta inversión que también están pendientes. Ese sería el caso de los derechos de agua adicionales que requieren para lograr una operación más eficiente del complejo, que considera la instalación de cinco centrales de distintos tamaños, que en conjunto aportarían una capacidad de 2.750 MW.
Conocedores del tema explicaron que hace más de un año la Dirección General de Aguas (DGA) podría haber concedido estas licencias y ello no ha sucedido.
La Moneda “cede”
Trascendió que la decisión de la mesa de HidroAysén no habría caído muy bien en La Moneda, que fijó para hoy mismo el encuentro del Comité de Ministros. Lo mismo habría sucedido a principios de esta semana, cuando el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, en forma privada primero y pública después, comunicó que estaría a punto a pronunciarse sobre el desempeño del Comité de Ministros, en respuesta a una solicitud efectuada por un diputado hace casi un año.
A raíz de lo anterior y buscando evitar las acciones de la empresa y también la reprobación de la Contraloría, un temor que desde hace un tiempo los propios ministros habían manifestado, el gobierno habría decidido convocar al Comité de Ministros hoy.
Trascendidos apuntan a que la intención del Ejecutivo habría sido convocar al comité con carácter de urgente, porque aunque el artículo 6 del reglamento de esta instancia establece que las sesiones deben fijarse con al menos diez días de anticipación, esa misma normativa contempla una excepción a dicho plazo “en situaciones de emergencia calificadas por el presidente” de la instancia, atribución que recae en la titular de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.
Quienes conocen de estas decisiones, que habrían sido analizadas y adoptadas con extrema reserva, comentaron que la opción fue citar hoy al comité para cumplir con el trámite, pero que éste no resuelva respecto de las más de 30 reclamaciones presentadas, sino que podría solicitar nuevos estudios o mediciones sobre ítemes puntuales del proyecto.
El gobierno habría optado por esta alternativa amparado por el reciente fallo de la Corte Suprema, que validó el rol del Comité al aprobar y fijar nuevas condiciones al proyecto Punta Alcalde – también de Endesa Chile-, el que inicialmente fue rechazado por la Comisión Evaluadora Ambiental (CEA) de Atacama.
Los movimientos de los ministros
En las últimas semanas quedó en evidencia que en el gobierno no hay una visión común respecto de por qué se produjo la demora en el pronunciamiento del Comité de Ministros.
Mientras que los secretarios de Estado eran partidarios de concretar esta instancia, porque sería insostenible seguir planteando el argumento de que el Servicio de Evaluación Ambiental aún no concreta la sistematización de las reclamaciones, al final del día habrían primado las razones políticas. Esto porque el presidente Sebastián Piñera habría mantenido su molestia por la decisión de Colbún, controlada por el grupo Matte, de suspender en mayo de 2012 los estudios de la línea de transmisión del proyecto, a la espera de un consenso en torno a la política energética y el desarrollo de la matriz. De hecho, a mediados de diciembre, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet habría realizado gestiones para destrabar la postergada reunión.
La operativa del comité
La resolución exenta 446 del Servicio de Evaluación Ambiental establece el reglamento del Comité de Minsitros, instancia que está integrada por los titulares de Medio Ambiente -que lo preside-, Energía, Minería, Agricultura, Economía y Salud.
En este documento se establece que la misión de esta instancia es resolver los recursos de reclamación referidos a diversas acciones relativas a la aprobación o revisión de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, todas contenidas en la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente.
El quórum mínimo para cada sesión es de cuatro integrantes y las sesiones incluso pueden realizarse vía videoconferencia. Añade que cuando lo estime necesario la instancia podrá solicitar a terceros calificados informes independientes para ilustrar adecuadamente sus decisiones e incluso su presidente podrá invitar a sus autores a exponer en la sesión.
Permiso ambiental cuenta sólo con 2,4 años de vigencia
Uno de los puntos que preocuparía a los socios de HidroAysén, las eléctricas Endesa Chile y Colbún, es la caducidad de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), lo que sucede transcurrido un plazo de cinco años desde que son otorgadas.
Si se considera que este proyecto recibió su permiso ambiental en mayo de 2011, es posible establecer que en este momento sólo le restarían 2,4 años de vigencia.
Sin embargo, en esta materia hay distintas interpretaciones pues la ley establece que «la resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de cinco años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificación (…) El Reglamento deberá precisar las gestiones, actos o faenas mínimas que, según el tipo de proyecto o actividad, permitirán constatar el inicio de la ejecución del mismo».
Conocedores del tema indicaron que el reglamento establece que cada titular de proyecto debe informar a la autoridad cuál es el hito que considera como el inicio de la ejecución, aunque otras fuentes estiman que esta definición sería ambigua.
Mientras los plazos corren, la empresa debe cumplir los compromisos que adoptó para evitar, por ejemplo, una eventual sanción de la SMA.
enero 30, 2014 | Industria
(Colbún) Utilidades acumuladas por US$63 millones registró Colbún S.A. durante el año 2013, de acuerdo a los estados financieros entregados por la empresa a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La cifra se compara positivamente con las gananciaspor US$50,9 millones obtenidas en 2012.
El EBITDA del ejercicio 2013 totalizó US$352,4 millones, lo que significó un incremento de 23% respecto al año 2012 (US$286,7 millones). Éstese explica por una mejora en la estructura de costos basado en la operación durante todo el año de la Central Santa María I, el mayor acceso a gas y la menor generación con diésel. Además, hubo un ingreso no recurrente de US$ 63,9 millones a consecuencia del pago del seguro por el siniestro ocurrido en la Central Nehuenco I en diciembre de 2007.
Si bienla generación hidráulica disminuyó en un 7% en relación a 2012, debido principalmente a las desfavorables condiciones hidrológicas presentes en el sistema por cuarto año consecutivo, la generación de centrales térmicas tuvo una importante alza. Mientras la generación en base a gas mostró un incremento de un 44% en relación a 2012, producto de los acuerdos de suministro de principios de año que la compañía negoció con Metrogas y ENAP, la energía producida en base a de carbón alcanzó los 2.616 GWh, lo que significó un aumento del 41% en relación al año anterior.
Las ventas físicas bajo contrato de la compañía tuvieron el año 2013 un aumento de 25% respecto al 2012, lo que se explica por el crecimiento de las ventas a clientes regulados y por la entrada en vigencia de un nuevo contrato de suministro de largo plazo con Codelco.
En cuanto a los proyectos, la Central Hidroeléctrica Angostura está finalizando las últimas fases de su desarrollo, lo que implica la puesta en marcha secuencial de sus turbinas y el cumplimiento de las medidas comprometidas con la comunidad, como es el caso de la apertura gradual del Parque Angostura, atractivo turístico en torno a la ribera del nuevo embalse.
A mediados de diciembre de 2013 se finalizó el llenado del embalse y a fines de ese mes se sincronizó por primera vez la primera unidad (135 MW), la cual se encuentra finalizando las etapas de prueba con agua. En lo que va del año 2014, esta unidad ha mostrado un nivel de generación estable, mientras en forma paralela se trabaja en las pruebas y montaje de las otras dos unidades. La entrada en servicio secuencial de las unidades es consistente con el criterio de diseño de la central que opera sólo con una unidad durante los meses de verano, dado el patrón normal de menores caudales en la época estival.
La compañía espera que la planta esté totalmente operativa a fines de marzo próximo.
Respecto a la posición financiera de la empresa, cabe señalar que al término del año 2013 Colbún contaba con una liquidez de US$260,5 millones.
enero 9, 2014 | Industria
(Estrategia) De acuerdo a un informe realizado por la Asociación de Generadoras de Chile, la capacidad instalada del SIC es de 14.052,8 MW y la del SING es de 4.601,0 MW. En ambos sistemas en conjunto se encuentran instalados 18.653,8 MW de potencia, correspondientes a un 66,4% de origen térmico y un 32,0% de origen hídrico.
Al juntar ambos sistemas, en diciembre se generó un total de 5.898 GWh, con un alza del 5,4% respecto al mes anterior y un 4,2% respecto al mismo mes del año 2012. En todo el año 2013 generaron 68.049 GWh, superior a los 65.624 GWh generados en 2012, lo que implica un alza del 3,5%.
Respecto a la participación de los generadores, en el SIC es Colbún la que tiene mayor incidencia con 922 GWh, lo que representa un 21% del mercado. Más atrás esta Endesa con 692 GWh y AES Gener con 686 GWh, ambas con cerca del 16% cada una. Respecto del SING es E-CL quien lleva la delantera con 552 GWh de generación bruta, lo que representa el 37%. Más atrás aparece Angamos con 361 GWh, con el 24%,y Norgener con 183 GWh y el 12%.
enero 8, 2014 | Medio Ambiente
(La Tercera) Las últimas centrales carboneras que entraron en operaciones en el Sistema Interconectado Central -Bocamina II, Santa María y Campiche- enfrentan hoy un complejo escenario por problemas ambientales, lo que podría derivar en un incremento en el costo de la energía si estos se profundizan.
Estas unidades, que en conjunto suman unos 1.000 megawatts de capacidad instalada, ayudaron en su momento a reducir el costo marginal, al reemplazar generación diésel para el abastecimiento de energía, la más cara. Sin embargo, ahora enfrentan problemas.
En diciembre, una resolución judicial paralizó la operación de la central Bocamina II de Endesa por tiempo indefinido.
Asimismo, Santa María (350 MW, Colbún) tiene en curso un proceso de sanción por parte de la Superintendencia de Medioambiente (SMA), la que formuló cargos por infracciones graves, que en el caso más extremo podría derivar en la paralización de operaciones. Por su parte, las centrales Ventanas II y Ventanas IV (ex Campiche) de AES Gener enfrentan una investigación por parte de la autoridad ambiental por su responsabilidad en el varamiento de peces ocurrido el pasado 24 de diciembre en Puchuncaví.
Expertos coinciden que la salida por un tiempo prolongado de alguna de estas unidades repercutirá en los costos marginales del sistema, elevando los precios. A esto se suman las proyecciones de un quinto año consecutivo de sequía, lo que reduciría la disponibilidad de agua para generación, agregando más estrés.
Según la consultora María Isabel González, Bocamina II representa el 15% de la capacidad del SIC en esta tecnología, por lo que la salida de alguna de estas unidades reduciría la presencia de generación de base más competitiva. “Si siguiera afuera bocamina por un tiempo prolongado, y llegara a salir Santa María o Campiche, la situación de precios va a cambiar radicalmente”, advierte.
Francisco Aguirre, de Electroconsultores, estima que no habrá efectos en el suministro, pero sí en precios. “Hoy toda la solución que tenemos es el petróleo para reemplazar centrales carboneras grandes. No vamos a tener problemas de suministro, pero el precio es el que paga la cuenta y eso podría llevar los costos a US$ 200-US$ 250 MWh”, añade.
Coincide Ramón Galaz, de Valgesta, quien indica además que la situación sería más crítica en marzo, cuando la demanda se incrementa. “El problema de Bocamina no tuvo impacto relevante en los costos que vemos hoy, y es porque tenemos agua y la demanda en verano baja. Si llega marzo o abril y se mantiene fuera y se suman otras centrales, sí va a tener un impacto importante en los costos”, acota.
