El ingreso de nuevas tecnologías en transmisión en los planes de expansión plantea una oportunidad para avanzar en materia de tiempos de construcción, una mayor flexibilidad en la operación del sistema, un menor efecto ambiental, así como el impacto en las comunidades por donde pasan estos proyectos.

El sector energético ha demostrado en los últimos años capacidad de diálogo para enfrentar los problemas que atraviesa, por medio de mesas de trabajo público-privada, por lo que la idea planteada desde el ámbito de la consultoría, para discutir sobre un nuevo mecanismo, abre una puerta a fin de tener un espacio de acuerdos.

El hidrógeno verde plantea más de una oportunidad para el sector energético chileno, pues se estima que tiene un potencial de exportación de US$8.000 millones a 2030, con un costo de producción que podría alcanzar US$1 por kilo en el mismo año.

La crisis también ha reflejado que el sector energético es un pilar fundamental para el funcionamiento del país, como lo demuestran los turnos 24/7 que trabajan para la operación continua y segura del sistema eléctrico, lo que ha permitido que el país se mantenga activo.

Avanzar en la descarbonización a gran escala y en los consumos energéticos finales es clave para que las energías renovables terminen consolidando su participación en el país, lo que requiere un avance regulatorio claro.

El trabajo normativo plantea medidas de corto y mediano plazo, mediante modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos para los aspectos del mercado de potencia y el marco regulatorio de los sistemas de almacenamiento, así como modificaciones en reglamentos y normas técnicas para todos los temas abordados en la estrategia.

Los proyectos de generación y transmisión que están en construcción superan los US$10.000 millones, demostrando que el sector goza de buena salud para enfrentar las demandas asociadas con el crecimiento económico del país.

Contar con una normativa técnica es fundamental para ordenar el desarrollo de la infraestructura de carga, a la espera de avanzar hacia un marco regulatorio que debe salir del Congreso.

Esta industria muestra positivas experiencias en cuanto a participación ciudadana, ya sea con la política energética de largo plazo y con las reformas hechas en 2016 a la Ley de Transmisión, donde se consideró la opinión de los actores del segmento, incluidos aquellos de la sociedad civil,  además del Plan Energía +Mujer, para aumentar la participación de la mujer en la industria.