Luis Román, hasta ayer presidente ejecutivo de Petroecuador, renunció a su cargo por problemas de iliquidez en la empresa. El directorio deberá ratificar su salida.
En su carta de renuncia, Román hace corresponsable de su salida al ministro de Economía, Diego Borja, por esa “actitud inaceptable”.
“La crisis financiera de la empresa no es coyuntural, refleja las absurdas condiciones en que está desde 1992 (gobierno de Sixto Durán-Ballén) cuando le arrebataron su autonomía financiera y que por simple sentido común deberían devolvérsela, a fin de evitar su desaparición”.
Además, anota, se enteró de que el Ministro de Energía recomendó la suscripción de una alianza operativa para el desarrollo del campo ITT, cuando debería hacerse a través de una licitación.
La necesidad de “obtener mayores ingresos para destinarlos a (cubrir) las necesidades básicas de la población”, impulsó al ministro de Economía, Diego Borja, a presentar las reformas a la Ley de Hidrocarburos.
La propuesta de recuperar el equilibrio económico de los contratos petroleros rotos con el incremento “desmesurado” de los precios del crudo, consta como uno de los argumentos del Ministro.
Aunque el funcionario espera conseguir 00 millones con la reforma del artículo 49 de la Ley, el ex presidente de la empresa estatal de petróleos, Petroecuador, Wilson Pástor, aseguró que se obtendrán US00 millones.
El inconveniente, adujo Pástor, es que esa cantidad dejará fuera del mercado a siete petroleras: Perenco, Petrobras, Tecpecuador, Bacicpetrol, Petrosud, Sipec y Encana. La razón: no tendrían rentabilidad.
Dicha propuesta, consideró Pástor, sería aplicable solo a los contratos de participación que tienen Oxy, Repsol, AEC, Agip Oil y Perenco. Y esa discriminación está prohibida por la legislación, explicó un técnico de la estatal que pidió la reserva. El ejecutivo manifestó que se debería apuntar a que todas las contratistas paguen una participación, aunque sea un poco.
La propuesta del Ministro, dijo el técnico, obliga a que las petroleras compartan sus utilidades excedentes por cada barril de crudo vendido, sin afectar sus contratos.
Para Pástor lo mejor es aplicar un porcentaje de participación a las utilidades excedentes; con eso se obtendrían US50 millones por año y la seguridad de reinversión en el país.
Su propuesta es que hasta con un precio de US0 por barril, rija una participación del 25% y sobre esos US0, una escala que vaya hasta el 50%. Alberto Segovia, analista petrolero del Banco Central, en cambio, es partidario de que las reformas planteadas se apliquen tal como están: no es un impuesto y no altera los contratos.
El ministro Borja planteó que en los contratos de participación, cuando el precio del barril de crudo supere el precio vigente a la fecha de la suscripción del contrato, el ingreso extraordinario se distribuya entre las partes (Estado-contratista), en partes iguales.
Además que el Estado reciba una participación del 10%, producto de las tarifas de transporte de hidrocarburos por oleoductos o gasoductos.
Fuente: El Universo.