La ampliación del plazo, por diez días más, para que Ecuador entregue pruebas de que la petrolera estadounidense Occidental violó el contrato con el Estado; y la revocatoria en seis puntos de una providencia dictada por el Ministerio de Energía, que permite a Oxy -entre otras cosas- recopilar información para sustentar su defensa, están en manos del ministro Iván Rodríguez.
El ministro de Energía, Iván Rodríguez, deberá responder en el transcurso de esta semana a las dos peticiones hechas por el procurador general del Estado, José María Borja, dentro de la controversia que junto con Petroecuador mantiene con la estadounidense Occidental Exploration and Production Company (Oxy).
La primera: la ampliación del periodo de entrega de pruebas por diez días más, tiempo que le permitirá a la autoridad cumplir con las diligencias necesarias y conseguir los documentos que prueben que Oxy violó su contrato con el Estado (al transferir sin autorización del Ministerio el 40% de su participación en el bloque 15 a Encana) y que, por ello, merece la caducidad del mismo.
Si el Ministro le concede el plazo al Procurador, la fase de pruebas se extenderá del 23 de febrero (inicial) al ocho de marzo próximo.
En días anteriores, el Ministerio de Energía comunicó que si alguna de las partes en conflicto solicita un plazo mayor, solo podrá otorgarle la mitad del asignado, es decir, cinco días.
No obstante, el artículo 143 del Estatuto del Régimen Jurídico dice que cuando la administración considere que «algunos de los actos de los interesados no reúnen los requisitos necesarios, la administración lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para complementarlo».
La segunda petición que deberá resolver Rodríguez es la revocatoria (dejar sin validez) de los seis primeros puntos de la providencia (escrito) dictada el 10 de febrero pasado por el Ministerio.
En dicho documento, el Secretario de Estado ordena a un total de 14 instituciones, entre públicas y privadas, la práctica de 38 diligencias (recopilación de información) solicitadas por Oxy para sustentar su defensa.
Entre las peticiones de la petrolera estadounidense están las copias certificadas de toda la documentación producida por el Ministerio desde octubre de 1971, fecha en la que se expidió la Ley de Hidrocarburos. El cuerpo legal deja abierta la posibilidad de iniciar un proceso de caducidad de cualquier contrato de exploración o explotación.
Además, copias certificadas de los procesos de caducidad iniciados en contra de las petroleras Canadá Grande y Petrocol.
Borja pidió anular esos puntos por considerarlos «impertinentes y ajenos a la controversia» y, sobre todo, porque de practicarse esas diligencias se contrariaría el artículo 116 del Código de Procedimiento Civil Codificado.
Fuente: El Universo.