En el sector eléctrico, cada decreto cumple una función específica. Por eso, cuando un instrumento diseñado para la operación del SEN incorpora medidas que afectan el ámbito económico de las unidades de pequeña escala, se generan tensiones que dificultan la claridad regulatoria. Eso ocurre hoy con el cruce entre el DS 125 y el DS 88.
Modernizar el DS 125 es pertinente. Los análisis del Coordinador —informativos y no vinculantes, como ha precisado la Fiscalía Nacional Económica— muestran la necesidad de mejorar visibilidad operativa, monitoreo y obligaciones equivalentes entre tecnologías, además de habilitar un marco claro para la participación del almacenamiento.
Lo que exige mayor cuidado es incorporar en el DS 125 un cambio relevante como los vertimientos prorrateados a los PMGD. En base a un estudio de Systep, entregado al Ministerio de Energía, esta medida podría reducir hasta en un 29% los ingresos del segmento desde 2026, generando un efecto permanente sobre proyectos ya financiados y en operación. No es un impacto menor ni desestimable: corresponde a una definición propia del DS 88, y llevarla al DS 125 introduce inconsistencias y debilita la certeza jurídica necesaria para las inversiones.
En el debate reciente, algunas interpretaciones han sugerido que advertir estos riesgos equivale a que “la presión privada intenta interferir en la discusión institucional correspondiente”. Pero el propósito es solo ubicar cada definición en el instrumento adecuado. Tampoco contribuyen al debate los planteamientos que, presentándose como neutros, terminan atacando a un segmento del mercado sin transparentar los intereses reales que representan.
Separar las aguas no detiene nada: permite que el DS 125 avance en operación, estándares y almacenamiento, mientras el DS 88 aborda las definiciones económicas que le corresponden. Así se evita superposición normativa y se fortalece la estabilidad que requieren las decisiones de inversión del sector.