x

Proyecto de ley que contempla nuevas exigencias ambientales a la generación fotovoltaica y eólica

Gerardo Sanz de Undurraga
Socio de Sanz & Rodríguez Abogados

La normativa medioambiental contenida en la Ley N° 19.300 establece los casos, requisitos y condiciones en que distintos tipos de actividades productivas deban ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). De esta manera, el artículo 10 de dicha ley señala una lista de casos que deben someterse a evaluación mediante Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y, en caso de que genere o presente uno o más de los efectos señalados en el artículo 11, requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

En lo que se refiere a la actividad de generación eléctrica, dentro de las actividades señaladas en la Ley N° 19.300 que deben ingresar al SEIA, calzan principalmente aquellas que se refieren a las centrales generadoras de energía mayores a 3 MW, y las líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones. Luego, el respectivo proyecto de generación deberá presentarse como DIA o EIA, dependiendo de los efectos y riesgos que éste pueda producir, a cuyo término de la evaluación podrá obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

En aquel contexto, el 5 de octubre se ingresó un proyecto de ley, mediante moción parlamentaria en la Cámara de Diputados (boletín 15412-12), que contempla novedades en esta materia, principalmente, en lo referente a nuevas exigencias de carácter medioambiental a las actividades de generación eléctrica.

La principal innovación de esta iniciativa legal radica en ampliar el espectro de situaciones en que proyectos eólicos y fotovoltaicos deban someterse a evaluación. De esta manera, señala que todo proyecto de generación eléctrica que se realice a través de “aerogeneradores” y plantas “fotovoltaicas” en áreas pobladas, sea en terrenos urbanos o rurales, deberán cumplir con las exigencias en materia de impacto ambiental establecidas en la Ley N° 19.300.

Además, el texto establece que las empresas de generación eólica o fotovoltaica tendrán que implementar instancias de identificación y participación temprana o anticipada con todas las comunidades colindantes a sus proyectos. En ese contexto, especifica que son colindantes aquellas consideradas dentro de los 10.000 metros a la redonda de la central respectiva. En adición a ello, la propuesta contiene normas que obligan a las empresas titulares de esas iniciativas de inversión a presentar un plan de relacionamiento comunitario a los vecinos contiguos.

Respecto al diseño del proyecto de ley, contiene disposiciones que regulan la distancia mínima que debe existir entre las instalaciones de generación entre sí y con las viviendas ubicadas en el sector colindante. Asimismo, dispone normas que regulan la implementación de un sistema de mitigación del efecto sombra parpadeante en torres eólicas.

Por otra parte, establece normas que aplican medidas sancionatorias a las empresas que no cumplan con los términos y condiciones establecidos en el mismo cuerpo legal, como multas de 150 UTM, revocación de la RCA, necesidad de modificación del proyecto respectivo y aplicación de las disposiciones que regulan la responsabilidad por daño ambiental.

Finalmente, la iniciativa ingresada en octubre modifica el artículo 11 de la Ley N° 19.300, en el sentido de agregar nuevas hipótesis bajo las cuales proyectos de generación deben someterse a un EIA. Esto, al señalar el caso de centrales de tipo eólico o fotovoltaico cuando presenten un complejo con más de 10 torres de aerogeneradores o produzcan 100 MW o más de energía. Lo curioso de esta disposición es que considera características de magnitud de las centrales y no se refiere a los efectos que provoca, lo que es la tónica que contempla el artículo 11.

Como se puede advertir, la propuesta incluye importantes innovaciones para la ejecución de proyectos de generación desde la óptica ambiental, en donde habrá que estar atentos a los avances que vaya teniendo en su tramitación legislativa, así como de los aportes y consideraciones que se vayan presentando por parte de la industria y del Ejecutivo.