Los datos publicados por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) de ventas de vehículos enchufables en Chile son alentadores. Mientras en abril de 2025 el porcentaje de ventas fue de 2,9%, en abril de este año alcanzó un 10,2%. Este aumento demuestra una creciente preferencia por alternativas eficientes, impulsada por el alza de los combustibles y en línea con la tendencia en la región. Según el Global EV Outlook de la Agencia Internacional de Energía (IEA), América Latina experimentó durante 2025 un crecimiento del 75% en las ventas de vehículos eléctricos, debido principalmente a la mayor disponibilidad de modelos de bajo costo importados desde China. No obstante, para que la electrificación del transporte sea sostenible, se debe asegurar que estos usuarios tengan una buena experiencia, y para esto la carga es fundamental.
Un indicador para medir el desarrollo de esta infraestructura de carga es la proporción de vehículos eléctricos por cargador público. Para países en etapas tempranas de electromovilidad, como Chile, la Unión Europea recomienda un máximo de 10 vehículos por cargador. Nosotros superamos este umbral en 2025 y en abril 2026 alcanzamos los 15,6. Esta cifra aleja notablemente a Chile del promedio global y de la realidad de la Unión Europea, mercados que registran una relación de 11 vehículos eléctricos por cargador público de acuerdo al reciente reporte de la IEA. Es decir, el parque automotriz eléctrico nacional está creciendo a un ritmo mucho mayor que la instalación de nueva infraestructura pública.
Para evitar que este déficit frene la adopción de vehículos eléctricos, la primera tarea es fomentar la expansión de la carga pública. Aunque Chile cuenta con un poco más de 1.500 cargadores distribuidos en el país, la red sigue siendo insuficiente y se concentra mayoritariamente en la Región Metropolitana. Para esto, sugerimos reformular la política de exención del permiso de circulación establecida para vehículos eléctricos y redistribuir parte de esos recursos para incentivar la carga pública en zonas de baja cobertura.
En segundo lugar, se debe consagrar el derecho al cargador residencial. La carga en el hogar es la alternativa más conveniente para los usuarios, pero quienes viven en edificios enfrentan barreras para su instalación. En Chile existen más de 1,2 millones de departamentos y, aunque el parque de vehículos eléctricos supera las 26.000 unidades, solo se han instalado formalmente 480 cargadores en edificios residenciales. Intervenir bienes comunes exige altos quórums bajo la Ley de Copropiedad, lo que genera que cerca del 80% de los proyectos no sean aprobados por las comunidades. Es urgente modificar esta ley para permitir a propietarios y arrendatarios instalar cargadores mediante aviso previo a la asamblea.
Finalmente, es fundamental establecer tarifas eléctricas horarias. Los vehículos eléctricos tienen la capacidad de cargar en distintos momentos del día y desplazar su consumo hacia horarios donde la energía es más abundante y barata. Sin embargo, la estructura tarifaria residencial en Chile no incentiva esta flexibilidad. Según datos de pilotos nacionales, gran parte de las cargas residenciales se concentran entre las 20:00 y las 00:00 horas, coincidiendo con el peak de demanda y los mayores costos del sistema eléctrico. Un estudio elaborado por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) para el Centro de Movilidad Sostenible demuestra que es posible implementar tarifas eléctricas horarias sin necesidad de grandes cambios regulatorios. El análisis estima que un usuario que concentra la carga de su vehículo en horarios diurnos podría reducir hasta en un 41% el costo asociado.
Chile tiene buenas condiciones para electrificar su transporte terrestre en el mediano plazo. Contamos con un gran potencial de energías renovables, normativas de seguridad claras y una Ley de Eficiencia Energética que entrega certezas jurídicas para que los comercializadores ofrezcan tecnologías eficientes. Sin embargo, estas ventajas no bastan por sí solas. Debemos resolver las barreras de infraestructura y tarifas. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que el reciente aumento en las ventas no logre sostenerse.