El proyecto de ley llamado “de equidad tarifaria” actualmente en discusión en el Congreso Nacional reconoce la importancia que tiene la equidad en la política energética, situándola al nivel de la eficiencia, la seguridad y la protección del medio ambiente, todos aspectos fundamentales para una política de energía sustentable.
Sin embargo, pese a la significancia de la iniciativa en términos generales, la propuesta específica abre interrogantes muy relevantes en términos de contenido y alcance que deberían explorarse en profundidad durante la discusión legislativa.
En primer lugar, se deben precisar claramente los focos del proyecto. Se plantea que el objetivo es reducir la brecha entre tarifas eléctricas, pero también se señala que se busca retribuir a las comunas generadoras por el costo que deben soportar por acoger estas instalaciones. Si bien ambas preocupaciones son sobre equidad y muy relevantes, no deberían ser mezcladas en una misma iniciativa pues confunden problemas de distinta naturaleza e impiden desarrollar legislación coherente que considere las implicancias de cada una de las iniciativas.
La equidad tarifaria debería plantearse en torno a la discusión fundamental sobre “derechos sociales”, mientras que las compensaciones abren la reflexión sobre cómo evaluar y distribuir los beneficios y costos de obras que tienen alcances más allá del lugar donde están instaladas.
En lo que concierne a la equidad tarifaria, la pregunta relevante es si acaso debemos todos los ciudadanos tener acceso a las mismas tarifas eléctricas o si debe haber diferencias por alguna razón. Adicionalmente, si se trata derechos sociales ¿por qué solo pensar en el sector eléctrico y no en el ámbito energético en general?
Plantear una diferencia máxima de 10% entre el promedio de las cuentas a nivel nacional (como lo hace el actual proyecto) no dice nada sobre los fundamentos de la diferencia. Es solo una manera simple de acotar cuantitativamente el asunto evitando el problema de fondo. Actualmente, se cobra implícitamente en buena medida por el costo monetario que cada hogar “le genera” al sistema, lo que lleva a mayores tarifas en zonas menos pobladas y más alejadas, pero si se busca reconocer que el acceso eléctrico es un derecho, las diferencias no deberían fundarse en esos costos (aun cuando puedan tomarse en cuenta).
Es una discusión compleja que no puede desligarse del debate general actual sobre derechos sociales.
Por lo anterior, la compensación como reconocimiento de generación local, debería discutirse en otro contexto: el de los procesos de asignación de uso del territorio, de evaluación de impacto ambiental y descentralización. Mezclar ambos debates, ambos complejos y ricos en implicancias, solo podrá empobrecer nuestras políticas públicas.