Recientemente se anunció la aprobación de la FNE a la adquisición de participación accionaria en Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) y CGE Servicios S.A. por parte de State Grid International Development Limited (SGIDL), una compañía que es controlada actualmente por State-owned Assets Supervision and Administration Comission (SASAC), entidad pública de la República Popular de China, luego de concluir que la operación de concentración referida no generará daños a la libre competencia.
Al hacer efectiva dicha operación, y teniendo en cuenta la adquisición del 100% de Chilquinta Energía S.A. por parte de la misma empresa en 2020, SGIDL pasará a tener una participación del 56,6%% en el segmento de distribución eléctrica, además de tener participación en los segmentos de transmisión, generación y comercialización de materiales eléctricos. A esto se suma que desde marzo de este año CGE Comercializadora SpA empezó a participar en el balance de transferencias económicas del Coordinador Eléctrico Nacional, lo que nos lleva a suponer que al menos existe la intención de participar en el mercado de la comercialización.
Recordemos que el otro gran actor en el segmento de la distribución eléctrica del país es ENEL Distribución S.A., compañía en que el 99,09% de la participación accionaria pertenece a ENEL Chile S.A, cuya propiedad en un 64,10% es de ENEL SpA, compañía cuyo accionista mayoritario es el Gobierno de Italia. Estos dos actores, ENEL y SGIDL, suman el 86,5% de participación en el segmento de la distribución en Chile.
El fenómeno definitivamente llama la atención desde una perspectiva que va más allá de la libre competencia, ¿Estaremos frente a una nueva estatización de empresas del sector eléctrico?
Chile empezó el proceso de desestatización de las empresas del sector eléctrico en la década del 80. La motivación de desestatización se encontraba alineada con el objetivo de enfocar las actividades del gobierno en las gestiones públicas y entregar a la iniciativa privada el desarrollo de las actividades de carácter económico.
No obstante, lo que estamos viendo hoy es un fenómeno progresivo al menos curioso: un sector que se había desestatizado, con el objetivo de permitir que la iniciativa privada fuese el motor del sector, empieza a concentrase en manos de capital estatal, esta vez en el extranjero. Estamos asistiendo a una “nueva estatización” del segmento de la distribución de energía eléctrica, pero a diferencia de la realidad anterior a la reforma del 82, hoy día el que concentra la propiedad de las compañías del sector no es el Estado de Chile.
Es una realidad que no debe ser ignorada por parte de las autoridades y que requiere un análisis desde la perspectiva de los diversos intereses públicos que pueden estar en juego. ¿Queremos como país que la propiedad de infraestructura estratégica, como es la distribución de energía eléctrica, quede bajo control de otros Estados? Independiente del modelo económico que se implemente en el proceso constituyente, hay que preguntarse ¿qué rol tendrán estas empresas que en realidad responden a otros Estados, en particular en sectores estratégicos?
No se trata aquí de ponernos en una posición antagónica a la recepción de inversiones extranjeras, o incluso inversiones por parte de otros Estados, así como entendemos que no es papel ni especialidad de la FNE analizar este asunto, pero parece necesario realizar un profundo análisis sobre los posibles efectos que este tipo de fenómenos podría generar en ámbitos de seguridad nacional y soberanía, y así definir una posición país sobre estos asuntos. Así como hoy tenemos limitaciones en la participación de actores en el segmento de la transmisión, tal vez sea prudente cuestionarnos si no es el caso de diseñar una regulación que también estipule límites a la participación de estatales extranjeras en sectores estratégicos como es la distribución de energía eléctrica.