En distintos foros y publicaciones especializadas en temas de energía se viene repitiendo desde hace un tiempo que el acceso al financiamiento constituye una de las barreras más importantes al desarrollo de las energías renovables no convencionales (ERNC) en Chile.
A primera vista, la evidencia pareciera darles la razón a quienes así opinan. ¿Qué otra razón, si no es la falta de financiamiento, podría explicar que en un país con abundantes recursos naturales, una legislación que fomenta el desarrollo de las ERNC y con una fuerte estrechez energética, existan proyectos por más de 10.800 MW de energías renovables que, contando con aprobación ambiental, aún no inician su construcción?
Para poner esta cifra en perspectiva, equivale a cerca del 56% de toda la capacidad instalada de generación eléctrica en Chile. En el caso de la tecnología solar, por ejemplo, hoy solo existen 150 MW en operación y 220 MW en construcción. Además, en el caso específico de los proyectos solares fotovoltaicos, el financiamiento ha sido aportado solo por organismos multilaterales o bilaterales tales como el IFC, OPIC, la DEG o el BID.
Si se parte del supuesto de que todos estos proyectos tienen suficientes méritos técnicos que aconsejan su construcción, entonces la evidencia pareciera dar la razón a quienes opinan que el financiamiento es una barrera formidable que se debe superar para que se puedan materializar estas inversiones. Sin embargo, al escarbar un poco encontramos otras razones, más de fondo y de variada naturaleza, que explicarían la aparente timidez de los bancos locales para decidirse, con mayor determinación, a financiar proyectos de ERNC.
Por nombrar solo algunos: la falta de contratos de suministro de energía de largo plazo, la incertidumbre respecto de la factibilidad de conexión, los efectos de la inyección de generación intermitente en las redes de transmisión y su operación, los factores políticos, legales y regulatorios, los aspectos sociales y medioambientales, etc. Todos estos riesgos, entre otros, son considerados por los bancos durante su proceso de evaluación crediticia y, si no es posible encontrar mitigantes adecuados y suficientes para aminorar su impacto, lo más probable es que el banco decida no participar en el financiamiento. Esta es la esencia de lo que se conoce como Project Finance, donde lo que se busca es identificar y compartir de manera lógica los distintos riesgos del proyecto, principalmente entre desarrolladores, financistas y algunos terceros, permitiendo así alcanzar un adecuado balance entre riesgos y retornos para los distintos involucrados.