Recientemente, Chile acompañó su 5º Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
¿Qué nos dice nuestro último inventario, actualizado al año 2020?
Chile contribuye con un 0,26% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) y en términos de emisiones per cápita, 4,61 toneladas de CO2 anuales, muy cerca del promedio mundial.
Nuestras emisiones totales de GEI se han incrementado en un 116% desde 1990 y disminuido un 4% desde 2018.
Lo primero que salta a la vista –y que mantiene la tendencia de 2018– es que el 75% de nuestras emisiones provienen del sector energía y, dentro de dicho sector, estas se concentran en tres subsectores, generación de electricidad y calor, transporte y la industria de la manufactura y la construcción. Estos segmentos emiten casi 70 millones de toneladas de CO2e, sobre un total de 105 millones de toneladas de CO2.
En consecuencia, cualquier estrategia de cambio climático de mediano o largo plazo debe focalizarse en esos sectores.
Para lo anterior, debemos corregir con urgencia regulaciones que nos impiden avanzar con la velocidad requerida hacia la meta de carbono neutralidad al año 2050.
El sector de generación de electricidad y calor, en que hoy casi un 40% proviene de las ERNC –liderados por la solar fotovoltaica con un 23% y la eólica con un 11,6%–, ha hecho su parte.
Sin embargo, gobiernos de distintas tendencias políticas aún no han podido dejar atrás ni modificar el mal llamado el impuesto verde, que respecto a disminución de emisiones de CO2 ha sido un fracaso. Lo anterior constituye una barrera regulatoria, donde paradójicamente, quienes son parte de la solución, las ERNC, deben contribuir injustamente al pago del impuesto a modo de compensación a la generación térmica, lo que trae como consecuencia que no se afecta el costo de despacho, como debiera ocurrir.
Un reciente informe del FMI ha recomendado el cambio de diseño de este instrumento, de modo tal de poder afectar el costo de despacho. Además, un grupo de más de 40 expertos en el mercado eléctrico enviaron una carta al ministro de Hacienda pidiendo que se modifique este impuesto en el mismo sentido, sin que a la fecha se haya obtenido una respuesta.
La solución no es, como han pregonado algunos, el aumento del monto del impuesto, que asciende actualmente a US$5 por tonelada de CO2. La solución efectiva es el cambio de diseño.
En ese sentido, una solución más eficaz y probadamente exitosa es el establecimiento de un sistema de comercio de emisiones transables, en donde sí existe un incentivo para reducir las emisiones de parte de los emisores; en el que además quienes son parte del problema se deben hacer cargo de sus emisiones y donde lo recaudado va en directo beneficio de políticas destinadas a la lucha contra el cambio climático.
Ya es hora de que avancemos en el desarrollo de políticas públicas más efectivas. No nos queda mucho tiempo.