La meta que estableció el Gobierno para que antes del año 2040 el 100% del transporte público sea eléctrico, significó crear un incentivo asociado al Programa de Renovación de Taxis Colectivos, que entrega US$ 8.500 como subsidio a la compra a quienes deseen reemplazar su actual vehículo a combustión interna por uno eléctrico.
A pesar de este importante aporte, a la fecha no se observa mayor interés. La razón esgrimida por los dueños de taxis es el alto costo de esta tecnología.
Al parecer, habrá que esperar hasta que disminuya el precio y operación de los vehículos eléctricos, producto de la reducción proyectada en el valor de las baterías de litio, además de conocer y tener certeza sobre los modelos de negocios a desarrollar para cada tipo de taxi (básico, ejecutivo, colectivo y de turismo).
En un estudio de apoyo al gremio de taxistas en la región de Los Lagos en el sur de Chile, concluimos que, en el mediano plazo, es decir, unos cinco años, será más conveniente un vehículo eléctrico que uno a diésel. Para ese entonces, deberían caer las principales barreras de entrada detectadas para dar el salto a esta nueva tecnología. En lo sustancial, estas barreras apuntan a contar con la certidumbre de poder recibir un servicio de post venta oportuno y eficiente, además de la ubicación y costos de la red de cargadores eléctricos o de los kits de carga domiciliaria.
Es por esto que, las empresas proveedoras de vehículos eléctricos, las de energía y de infraestructura de carga, deben centrarse en la elaboración de soluciones integrales, junto con la banca, para proporcionar análisis y diseños de modelos de negocios y mecanismos de financiación que vuelvan más atractiva la utilización del subsidio para taxis eléctricos.
Es necesario, también, conocer el gremio de taxis y sus asociados, para que en conjunto se logre elaborar propuestas para que el Estado complemente los montos de subsidio con ofertas de incentivos a la primera compra de un vehículo eléctrico, entre los cuales destacan, a nivel global, la exención de impuesto de compra, disminución de impuesto de circulación, reducción en el precio de la electricidad, descuentos de seguros. Junto a ello, se pueden elaborar otros incentivos asociado a su uso, como son la incorporación de tarifas especiales o subsidios al cobro de aparcaderos (terminales), la utilización de pistas especiales para buses, tarifas diferenciadas en peajes de carreteras además de la instalación de infraestructura de carga con fondos públicos y programas tarifarios en su uso.
Siempre, cuando de transporte se trata, no sólo basta con que la ecuación económica individual cuadre, es también fundamental una señal regulatoria amplia y perseverante de que la electromovilidad será la opción que el país tomará para su transporte público.