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Ecosistema para la innovación en la transformación energética

Hace una década se vivía la incertidumbre por las futuras fuentes de energías para nuestro país. Este escenario ha ido variando a tal punto, que hoy nos encontramos en plena transformación energética, proyectando que a fines de este año, casi el 40% de la capacidad instalada de nuestra matriz provenga de fuentes ERNC. Dicha proyección, si bien es valiosa, nos llama a reflexionar sobre el cómo se ha generado este ecosistema de transformación del sector de generación eléctrica.

En efecto, para que se produzca una transformación en una industria como la de generación eléctrica debe haber innovación, lo cual requiere de ecosistemas que la propicien. Estos contemplan elementos básicos en los que se debe avanzar conjuntamente, cuales son: el desarrollo o adopción de tecnología, la formación de capital humano, alianzas públicos-privadas y por supuesto inversión privada. Para fomentar esto último, es clave contar con políticas y legislaciones que incentiven la inversión de largo plazo asociada a los proyectos de esta naturaleza.

Chile está viviendo un desarrollo masivo de las energías renovables, avanzando hacia la “madurez” del mercado. Esta maduración ha permitido volver al país menos dependiente de fuentes fósiles externas, aumentar la competencia del sector, y bajar los precios de los contratos de energía, favoreciendo al consumidor final. No creo necesario mencionar los beneficios ambientales de tener una matriz energética más limpia.

Sin embargo, toda esta innovación del sector de generación eléctrica ha sido un desafío de larga data, que ha requerido más de una década para poder llegar a donde estamos. Este proceso demandó armar una política institucional acorde, que favoreciera la inversión privada e impulsara la adopción de nuevas tecnologías.

Las primeras reformas al sector eléctrico en esta línea fueron las leyes N° 19.940 y N° 20.018, conocidas como “Ley Corta I” y “Ley Corta II”, que apuntaban respectivamente a establecer un nuevo sistema de transmisión eléctrica y a regular un mecanismo de licitación para contratación de suministro. Estas reformas no fueron suficiente y los procesos de licitación obtuvieron resultados insatisfactorios, considerando que, en 2013, se alcanzaron precios no vistos a la fecha de 139 USD/MWh (cerca del precio techo) y que cerca de un 90% de la energía licitada fue adjudicada a las tres mayores empresas del sector. Sin embargo, en 2015 se promulgó una de las leyes más innovadoras en esta materia, la Ley N° 20.805, que perfeccionaba el sistema de licitaciones de suministro eléctrico para clientes regulados. Esta ley se sumó a las ya promulgadas Ley ERNC (Ley N° 20.257 de 2008), que estableció que un porcentaje equivalente de los retiros debía provenir de fuentes ERNC, y Ley 20/25 (Ley N° 20.698 de 2013) que potenció con mayor fuerza la inclusión de las ERNC en el mercado eléctrico chileno, aumentando el umbral a un 20% (con una transición en etapas hasta el 2025).

Las condiciones regulatorias anteriores, sumado a la baja del precio de las tecnologías solar y eólica, permitieron que los resultados de los procesos de licitación bajo las nuevas reglas fueran considerados por sus actores y los medios como históricos. A modo de ejemplo, en las licitaciones 2015/01 (2015) y 2015/02 (2016) se adjudicaron contratos a una decena de nuevas centrales de generación de ERNC, propiedad de empresas pioneras que tomaron el riego de invertir, y que lograron aumentar la competencia y disminuir los precios de la energía en un 27% y un 56%, respectivamente, comparando con el precio obtenido en la licitación del año 2014.

En este marco, la denominada inconsistencia dinámica, en un Chile azotado primero por un estallido social y luego por la pandemia, se ha tomado el escenario político, con cambios regulatorios del sector energía gatillados por el momento actual. El problema es que, si estos cambios no son bien pensados, las consecuencias podrían ser nefastas, creando incertidumbre y poniendo en riesgo el ecosistema que promueve la innovación y grandes inversiones, y finalmente sustentan la transformación energética del país.

Es por lo anterior que se debe fortalecer el trabajo público en cuanto a regulaciones que consideren las distintas etapas del ciclo de inversión, activándose ágilmente políticas que permitan la mejora continua del sector y que generen instrumentos que preserven el mercado y, especialmente, a los pioneros de las ERNC en nuestro país. Lo mismo debe considerarse para el futuro de tecnologías más incipientes como lo es, por ejemplo, el hidrógeno verde. El beneficio neto para la sociedad del futuro dependerá de un ecosistema que se haga cargo de los costos de las inversiones pioneras.