Desarrollo de proyectos energéticos y modernización del SEIA

Existe consenso transversal en el mundo del desarrollo de proyectos que, para alcanzar la licencia social o una mayor aceptación de la ciudadanía de los proyectos, es necesario fortalecer las instancias y mecanismos de participación ciudadana.

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es el principal instrumento de gestión ambiental, siendo el más utilizado tanto por las empresas desarrolladoras de proyectos como por la ciudadanía, donde transita buena parte de la inversión pública y privada que se materializa en nuestro país.

Pronto se cumplirán 10 años desde la última gran reforma a este instrumento y resulta perentorio hacer ciertos ajustes para seguir mejorándolo, por lo que el proyecto de ley que se tramita en el Congreso propone una serie de modificaciones desde una perspectiva sostenible, fortaleciendo al SEIA y dotándolo de una mayor seguridad a la inversión.

Esto es de vital importancia para el sector de energía, pues este sector productivo representa un 39% de la inversión ingresada al SEIA, equivalentes a US$ 95.992 millones desde 2011 hasta la fecha, especialmente en centrales de generación eléctrica, infraestructura de transmisión y oleoductos y gasoductos, considerando los proyectos aprobados, rechazados y caducados.

Si tuviéramos que elegir las modificaciones del proyecto de ley que generan más impacto en el desarrollo de proyectos energéticos deberíamos indicar dos:

(i) Los necesarios ajustes que requiere el sistema recursivo ambiental.

(ii) El incentivo y fortalecimiento de la participación ambiental ciudadana.

Respecto del primer punto, las modificaciones más relevantes son la eliminación de las reclamaciones administrativas ante el Comité de Ministros y ante el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, además del establecimiento de una acción general de reclamación para aquellas personas directamente afectadas por la RCA y que no hayan participado de la evaluación ambiental.

La eliminación de la exigencia de agotar la vía administrativa como requisito previo para accionar ante los Tribunales Ambientales apunta a una rebaja considerable de los tiempos de revisión de las resoluciones de calificación ambiental, pues en promedio la tramitación de la reclamación administrativa puede demorar más de un año, periodo de tiempo que se suma al de la revisión judicial ante los Tribunales Ambientales y la Corte Suprema.

Existe consenso transversal en el mundo del desarrollo de proyectos que, para alcanzar la licencia social o una mayor aceptación de la ciudadanía de los proyectos, es necesario fortalecer las instancias y mecanismos de participación ciudadana.

En esa línea, se insertan las últimas modificaciones planteadas por el proyecto de ley, al permitir expresamente que se puedan realizar procesos de participación ciudadana en todas las DIA, sin necesidad de acreditar que generan cargas ambientales.