Coronavirus: reformulación de las prioridades en el sector energético

La baja de consumo y un probable aumento de la morosidad en el pago de las cuentas eléctricas, conllevará menores ingresos para las compañías distribuidoras y generadoras.

La crisis provocada por el coronavirus recién comienza. Si bien es imposible identificar hoy todos los impactos que tendrá para Chile y el mundo, hay ciertos elementos que nos permiten visualizar los desafíos que deberá abordar la política pública energética en el corto plazo.

En primer lugar, tendremos una nueva caída en el consumo energético. Esto traerá impactos en el próximo cálculo de precios de nudo de corto plazo (sumado a la reducción de precios internacionales de los combustibles), lo que golpearía los precios estabilizados de energía para pequeños medios de generación a partir del segundo semestre.

Junto con una eventual reducción de las inversiones esperadas en este segmento, debería monitorearse si algunas compañías comenzarán a tener problemas de caja para cumplir sus compromisos. En este aspecto y sin generar beneficios artificiales, se hace necesario que la CNE revise ciertos aspectos del proceso y la regulación vigente, las que han sido presentadas a la autoridad a propósito del informe de enero pasado, como la certeza del plan de obras, la proyección de precios de combustibles y el nivel de dólar que se utiliza para fijar el precio medio de los contratos.

De la misma manera, la baja de consumo y un probable aumento de la morosidad en el pago de las cuentas eléctricas, conllevará menores ingresos para las compañías distribuidoras y generadoras. En el caso de la distribución, podría implicar menores inversiones de estas en reposición y mantención de equipos, lo que podría aumentar la indisponibilidad de suministro, por lo que la ley larga de distribución cobra aún más importancia en su tramitación, ya que se espera disponga un esquema de remuneración que incentive a realizar las inversiones que se requieran, en un equilibrio de inversiones de capital y mejoras en la operación, que traigan un mejor servicio y más barato para los chilenos.

En el caso de la generación, la autoridad deberá monitorear si está en riesgo la cadena de pagos del sistema, anticipando medidas que eviten la quiebra de algún actor, para evitar situaciones como las que ya hemos vivido en el pasado.

Por otra parte, el alza del dólar obligará al Gobierno a revisar la Ley de estabilización de precios de la energía, puesto que el fondo máximo permitido se agotaría en el primer semestre de 2021, dos años antes de lo presupuestado. Dado que aún existe tiempo para discutir este cambio, se deberían discutir nuevas soluciones que puedan cumplir con el objetivo, con un menor costo para las empresas generadoras y las señales que se entregan a las inversiones futuras. Se podrían explorar alternativas para que las compañías puedan optar por la fórmula que se adapte a su realidad, tales como modificar los contratos, soluciones financieras, focalización del beneficio o financiamiento por parte del Estado, entre otras alternativas.