Durante el pasado mes de diciembre quedó en evidencia la difícil relación que existe entre el desarrollo de proyectos de generación eléctrica, autorizaciones ambientales, su posterior judicialización y la certeza jurídica.
Los hechos hablan por sí solos: La Corte de Apelaciones de Concepción resolvió suspender las operaciones de la central térmica Bocamina II de Endesa, luego de que pescadores y recolectores de algas de la Región del Biobío argumentaran que la planta estaría operando sin una Resolución de Calificación Ambiental (RSA) debido a la ampliación de la capacidad de la central carbonera.
En paralelo, la Superintendencia de Medio Ambiente solicitó la clausura de dos obras de la Refinería de Ventanas de Codelco alegando que carecerían de la respectiva Resolución de Calificación Ambiental para su funcionamiento, petición que, como sabemos, fue rechazada por el tribunal.
Durante ese mismo mes se realizó la Cumbre Eléctrica convocada por el Gobierno en la que se recalcó la necesidad de buscar fórmulas que permitan dar certeza jurídica a las inversiones de grandes proyectos en energía.
Por ello, es urgente avanzar en mecanismos que den, a los ciudadanos y a las empresas, certezas sobre su legítimo derecho a emprender una actividad económica, y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
También es importante que las personas puedan participar en los procesos de toma de decisiones de la autoridad en los casos en que estos se encuentren legalmente consagrados.
Es necesario destacar la débil confianza que la ciudadanía tiene en la estructura de evaluación y fiscalización ambiental, lo que ha llevado a que el Poder Judicial −por los principios de inexcusabilidad de los tribunales y revisión de legalidad de los actos administrativos− deba resolver conflictos que deberían haber encontrado una solución técnica y previsible al interior de la institucionalidad ambiental.
No corresponde que los tribunales se transformen en organismos administrativos y modeladores de políticas públicas. Lo suyo es ejercer su rol de controladores. Es tarea de todos los actores avanzar en la consolidación de un modelo y un sistema que entregue espacios de certeza razonables, solo así se alcanzará el anhelado modelo de desarrollo sustentable.