En veremos se encuentra aún la entrada en vigencia del Decreto (252) tarifario que fija los nuevos precios de 24 servicios asociados (SS.AA.) al suministro eléctrico, pese a que se esperaba que Contraloría lo despachara durante los próximos días para su publicación en el Diario Oficial.
La demora, sin embargo, tuvo su origen en un detalle no menor, ya que la propia entidad evacuó el documento nuevamente al Ministerio de Economía y Energía, tras analizar la serie de recursos que interpusieron las distribuidoras para frenar la entrada en vigencia de las nuevas tarifas, las que vienen, en su mayoría, a la baja.
Un operador de la industria detalló a Estrategia que Contraloría envió una serie de consultas a la cartera con el objeto de despejar la serie de cuestionamientos que plantearon las empresas del sector. Estas, a través de la Asep (Asociación de Empresas de Servicio Público) y de manera independiente, aseguran que el proceso tarifario es ilegal y extemporáneo.
La preocupación de la industria es tal, que hace un par de semanas Iván Díaz Molina, vicepresidente para América Latina de PPL (controladora del Grupo Emel), aseguró que la compañía estaba preocupada por algunas iniciativas de la autoridad, al referirse al proceso tarifario de los SS.AA., agregando que “este tipo de acciones constituyen precedentes que no se condicen con la rigurosidad y estabilidad que ha caracterizado a la regulación del sector eléctrico en Chile”.
De prosperar la publicación del decreto, tal como fue evacuado del Ministerio en una primera oportunidad (donde por ejemplo, el cobro por arriendo de medidor -ítem que representa menos de 5% en una cuenta mensual de 0.000- caería 36% en la Región Metropolitana, al pasar de 409,3 $/medidor-mes a 260,3 $/medidor-mes), la Asep no descarta, tal como aseguró en un principio, recurrir a los tribunales de justicia.
Si bien, el gerente general de la Asep, Eugenio Araya, aseguró que “no tenemos noticias de que el Decreto haya sido nuevamente devuelto al Ministerio de Economía”, precisó que esto es un procedimiento habitual, ya que cuando existen controversias Contraloría devuelve los decretos al emisor, agregando que “pensamos que de acogerse nuestras razones, el Decreto debe ser devuelto, sin publicarse, por manifiesta ilegalidad”.
Fuente: Estrategia.