La administración del presidente Eduardo Rodríguez dejará en manos del Congreso la posible ampliación del plazo para la conversión de los 71 contratos firmados entre el Estado boliviano y las empresas petroleras.
Para tal fin, el Poder Ejecutivo alista un informe sobre el avance de las negociaciones con las compañías petroleras, documento que será presentado al Parlamento el 15 de este mes.
“En ese informe diremos lo que hemos hecho y lo que se debe hacer”, dijo a La Razón el delegado Presidencial para Asuntos Políticos, Jorge Lazarte, quien se excusó de dar más detalles sobre el contenido de este informe.
El 15 de este mes vence el plazo para que las compañías petroleras —que tienen suscritos contratos de riesgo compartido con el Estado boliviano— migren a otros nuevos, como lo establece la nueva Ley de Hidrocarburos.
Si bien la negociación con las compañías petroleras aún no concluyó, aunque se tienen importantes avances, paralelamente se lleva adelante la conciliación con siete empresas del sector que presentaron recursos legales contra el Estado boliviano, apelando a los Tratados Bilaterales de Protección a las Inversiones.
Entre los principales problemas para avanzar en la negociación sobre la migración de contratos están la falta de los nuevos modelos de contrato y la falta de un directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que es la entidad encargada de negociar —a nombre del Estado boliviano— con las compañías petroleras.
El informe del Gobierno será entregado el mismo día en que vence el plazo para la migración, que, según la ley, es el próximo martes, confirmó una alta fuente del Poder Ejecutivo.
La misma fuente aseguró que el Ejecutivo dejará en manos del Congreso la ampliación o no del plazo para la migración.
Para ampliar el plazo de 180 días, el Congreso tendría que modificar el artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos. Sin embargo, en el Congreso ya existen opiniones contrarias sobre este tema. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara Baja, Santos Ramírez, advirtió que si no se cumple con el plazo para la migración de los contratos, los mismos quedarán nulos.
“Desde la segunda quincena de noviembre los contratos de riesgo compartido, firmados por los diferentes gobiernos de turno, no tendrán ninguna validez en ninguna parte del mundo», aseguró el diputado del MAS.
Otra fuente del Poder Ejecutivo informó que en el transcurso de esta semana se reunirá el equipo negociador con el presidente Eduardo Rodríguez, a quien le brindarán un informe detallado sobre el avance de las negociaciones con las compañías del sector petrolero.
En base a esos datos se hará el informe que será presentado al Congreso, sostuvo la fuente.
La información de las negociaciones se maneja con hermetismo, ya que se trata de conversaciones sobre intereses del Estado boliviano, explicaron otras fuentes del sector.
Por su parte, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) dijo no tener información sobre el avance de las negociaciones entre sus asociadas y el Gobierno. “Esto se maneja a nivel de empresas y no tengo información (sobre el avance de estas negociaciones)”, afirmó Carlos Alberto López, gerente de Comunicación de esa entidad.
La nueva ley
Artículo 5 • La norma establece que las empresas que tienen Contratos de Riesgo Compartido bajo la Ley 1689, deberán convertirse obligatoriamente a las modalidades de contratos establecidas en la Ley 3058 en el plazo de 180 días a partir de su vigencia.
Propiedad del gas • Ese artículo es el que permite, según la ley, que todos los hidrocarburos en boca de pozo vuelvan a ser de propiedad del Estado boliviano.
Fuente: La Razón.