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(Bolivia) La conversión de los contratos del gas cae a un vacío legal

Nov 16, 2005

* El Presidente pide al Congreso subsanar las “deficiencias” del artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos. Las empresas solicitan un nuevo plazo para conciliar. Hoy el Parlamento analizará el tema. El MAS amenaza con un juicio de responsabilidades.

La administración del presidente Eduardo Rodríguez remitió ayer al Congreso un informe donde observa “falencias estructurales en el segundo párrafo del artículo quinto de la Ley de Hidrocarburos que jurídicamente dificultan su aplicación y obstaculizan de manera determinante la adecuación plena de los contratos de riesgo compartido”.

Ante esa situación, el Ejecutivo dejó en manos de ese cuerpo legislativo —en el marco de sus competencias constitucionales— el futuro de la conversión de esos documentos legales.

El artículo cinco de la Ley de Hidrocarburos, que entró en vigencia el 19 de mayo, establece que las compañías petroleras que suscribieron contratos de riesgo compartido bajo la anterior ley debían convertir esos documentos obligatoriamente a nuevos modelos en un plazo de 180 días, fecha que venció ayer.

El director de Prensa de Palacio de Gobierno, Julio Pemintel, dio lectura ayer al informe que hoy se debatirá en el Congreso y en el que el Gobierno reconoce que no logró cumplir la ley, porque las empresas rechazaron el cambio y anunciaron “procedimientos prearbitrales”.

El Ejecutivo encuentra “deficiencias” en el artículo cinco, en el que se establece el plazo para la conversión de los contratos petroleros a otros nuevos, pero no se definen consecuencias si es que ese plazo no se cumple.
“La determinación de subsanar estas deficiencias estructurales del segundo párrafo del artículo 5 de la Ley 3058 le corresponde al Congreso Nacional”, señala el informe.

Además, para el Poder Ejecutivo, existe una contradicción en ese artículo, porque se establece una “conversión obligatoria a nuevos contratos”, cuando “el Código Civil define que un contrato es un acuerdo entre partes”.

“De acuerdo al ordenamiento legal, queda claro que, por más obligatoria que sea la conversión de un contrato, una de las partes no puede obtener unilateral, ni forzadamente, el consentimiento de la otra parte, sin que de ello no deriven consecuencias jurídicas, aspecto no previsto en el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley 3058”, indica el documento.

Las empresas petroleras impidieron al Gobierno avanzar con la conversión de contratos, cuando en meses pasados ocho de ellas recurrieron a los convenios de Protección Recíproca de Inversiones, notificando al Estado boliviano sobre la iniciación de negociaciones amigables —de seis meses para las compañías de capital estadounidense y de tres para las de capital europeo— antes de iniciar juicios arbitrales.

No obstante, y en comunicación con el Gobierno, esas empresas manifestaron su voluntad de prorrogar el plazo de las “negociaciones amigables” (prearbitrales) hasta mediados del próximo año, añade el informe.

En ese marco, el Gobierno afirma que la reformulación de ese artículo le corresponde a la Cámara de Diputados, y le pide verificar el artículo 59, numeral 5 de la Constitución Política del Estado, en el que se señala que es atribución del Poder Legislativo “autorizar y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado, así como los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales”.

El Ejecutivo justificó la falta de cumplimiento a la ley en las limitaciones de orden jurídico. Sin embargo, también aseguró que realizó las acciones para dar cumplimiento a la Ley 3058.

Entre esas acciones, indica el documento, están la elaboración de al menos 27 reglamentos, entre ellos, el nuevo Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la aprobación de los estatutos de YPFB. Hoy el informe será discutido a nivel de la directiva de la Cámara Baja. El tema también está agendado como segundo punto de la sesión de Congreso.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados, Santos Ramírez (MAS), dijo que la ley del gas no se puede negociar y adelantó que analiza, junto a los asesores legales de su partido, el iniciar un juicio de responsabilidades al Presidente.

Fuente: La Razón.

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