En una conferencia de prensa un día después de los comicios presidenciales del domingo, el dirigente izquierdista aclaró que su plan «no significa expropiar ni confiscar bienes de las transnacionales».
«Si quisiéramos emprender un tema de exploración o prospección (…) necesitamos la tecnología. Se pagará por los servicios de esas transnacionales, pero fundamentalmente nuestro gobierno estará enfocado en cómo industrializar sus recursos naturales», afirmó Morales ratificando sus promesas de campaña.
La brasileña Petrobras y la española Repsol-YPF son dos de las principales petroleras que operan en Bolivia, que alberga la segunda mayor reserva de gas natural de Sudamérica.
«Necesitamos socios pero no patrones. Si ellos se subordinan a las normas bolivianas bienvenidos como socios. Pero no pueden ser los que controlen (el gas) como dueños», resaltó Morales, quien según conteos privados de votos obtuvo cerca del 51% en las elecciones presidenciales.
La victoria de Morales impactó sobre la acción de Repsol, que a las 1600 GMT caía un 2,19%, a 24,59 euros, en un mercado madrileño levemente bajista.
El gas natural es la principal riqueza del país más pobre de Sudamérica.
Nuevas reglas de juego
Dentro de su plan para nacionalizar el gas natural, el líder del sindicato de cocaleros prometió durante su campaña electoral anular los más de 70 contratos de explotación otorgados a petroleras para redefinirlos por completo.
Bolivia concesionó en 1996 sus áreas de producción a un puñado de empresas que actualmente incluye, además de Petrobras y Repsol-YPF, a la francesa Total y la británica BG.
Dentro de la renegociación de los contratos energéticos, el líder del Movimiento al Socialismo planteó cambiar las características de los acuerdos para reducirlos a contratos de operación de corto o mediano plazo, lo que dificultaría el retorno de la inversión para las petroleras.
Los actuales contratos de explotación rigen por unos 40 años; y, aunque reconocen que el gas natural pertenece al Estado en el subsuelo, establecen que cuando sale a la superficie se convierte en propiedad privada.
Argentina y Brasil son los principales destinos del gas natural de Bolivia, el país más pobre de Sudamérica que en los últimos años fue escenario de sangrientas protestas para exigir un mayor control de los recursos energéticos.
Para calmar a los manifestantes, el Congreso boliviano aprobó en mayo una ley que aumenta los impuestos que deben pagar las petroleras y obliga a renegociar los actuales contratos de concesión ampliando el control del Estado sobre los hidrocarburos.
Pero, la inestabilidad política en el país impidió que se avanzara con la renegociación, la cual fue rechazada por las petroleras que suspendieron sus inversiones hasta que se aclare el panorama.
Fuente: El Comercio, Perú/Reuters.