En la última década, la capital ha experimentado un auge en la industria del delivery, impulsada por plataformas digitales como Uber, PedidosYa, Rappi y Justo. Este crecimiento ha consolidado a la micromovilidad como una herramienta esencial para la economía urbana.
Entre los medios de transporte preferidos por los repartidores destacan los vehículos de dos ruedas, como bicicletas, motocicletas y motos mosquito. Sin embargo, esta última opción, conocida por sus emisiones contaminantes y ruido, ha encendido las alarmas debido a sus impacto ambiental y la calidad de vida en la urbe.
En este contexto, el proyecto piloto Mi Bici Eléctrica, implementado por la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), busca transformar el sector de delivery mediante la incorporación de bicicletas eléctricas (BE) como una alternativa sostenible. Aunque el costo inicial de estos vehículos es mayor en comparación con las motos convencionales, la iniciativa ha demostrado que el cofinanciamiento puede ser una herramienta eficaz para facilitar la transición hacia la electromovilidad.
Según Pablo Salazar, jefe de Proyecto del Área de Movilidad Sostenible e Hidrógeno Verde de la AgenciaSE, los resultados del programa han sido auspiciosos. “Desde la experiencia de los pilotos ejecutados en 2023 y 2024, observamos en las y los repartidores que se subieron a la BE un ahorro mensual significativo, pasando de un gasto mensual promedio de $54.000 por mezcla de combustible a $2.500 por carga de baterías; es decir, unos $618.000 ahorrados al año”, afirmó.
Adicionalmente, el experto subrayó la importancia de mejorar la infraestructura urbana y fomentar la participación del sector bancario mediante productos financieros accesibles, como líneas de crédito o leasing específico para bicicletas eléctricas, para impulsar la masificación de las bicicletas eléctricas.
Marco regulatorio
A juicio de Salazar, la adaptación del marco regulatorio también es un factor crucial para promover una micromovilidad más inclusiva y segura. En este sentido, aunque la Ley de Tránsito regula las BE, el especialista enfatizó la necesidad de fiscalizar de manera efectiva el uso de las motos mosquito, cuya comercialización −por cierto− está prohibida. “Es necesario homologar y certificar estaciones de carga, además de eliminar barreras regulatorias que dificultan el acceso a estas tecnologías sostenibles”, agregó.
La micromovilidad eléctrica representa un beneficio que trasciende lo económico. Desde una perspectiva social, facilita la inclusión laboral, especialmente para trabajadores migrantes, mientras que en el plano ambiental contribuye significativamente a reducir la contaminación y el ruido en las ciudades. Asimismo, fomenta estilos de vida más saludables y activos tanto para los repartidores como para las comunidades urbanas.
“Santiago tiene la oportunidad de convertirse en un referente en micromovilidad sostenible, demostrando que un modelo urbano inclusivo, eficiente y respetuoso con el medio ambiente es posible”, concluyó Pablo Salazar.