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Jueves 30 de junio, 2022
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En sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, se presentaron los ajustes a la propuestas iniciales y los principales beneficios que tendrá esta medida.
Los senadores de la instancia cuestionan que sean los consumidores quienes deban costear la deuda acumulada, por lo que solicitan que exista un aporte estatal, tal como se ha hecho con el Mepco.
La idea es realizada bajo un análisis del proyecto de Ley presentado por el Gobierno que crea un Mecanismo de Protección a los Consumidores de electricidad
Entre éstas se encuentra el envío de proyectos de ley como inyección de recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
Los integrantes de la Comisión de Minería y Energía, Andrés Celis y Diego Ibáñez, señalan a ELECTRICIDAD los pormenores de la propuesta que crea el Fondo de Estabilización y Emergencia Energética, abordando -desde sus percepciones- la opción de que el Estado entregue un subsidio o cuál sería la solución para financiar este fondo de estabilización.
La Sala del Senado otorgó su respaldo al Mensaje, en su segundo trámite, el cual quedó en condiciones de ser ley de la República. No obstante, se hizo presente la necesidad de abordar el tratamiento del impuesto específico, en general, al igual que otras tarifas, tales como, las de la electricidad y transportes.
«El Estado no pone un solo peso en contribuir a limitar el alza de las cuentas de la luz de todos los chilenos», sostiene Luciano Cruz, abogado-socio de Arteaga Gorziglia.
La propuesta que crea el Fondo de Estabilización y Emergencia Energética, con un sistema de financiamiento solidario no logró su aprobación. Sí fueron respaldadas las disposiciones relativas al mecanismo de estabilización transitorio.
La instancia aprobó los artículos cuyos contenidos están ligados al ámbito financiero de la norma, que ya fue aprobada por la Comisión de Minería y Energía, que abordó los elementos técnicos. La iniciativa será discutida en la Sala este martes 7 de junio.
La propuesta del Gobierno duplica los actuales US$1.500 millones, a fin de operativizar el mecanismo e impedir un alza inmediata de las gasolinas y el diésel.