mayo 20, 2025 | Industria
Por unanimidad, la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados aprobó, en general, el proyecto (boletines refundidos 15.412 y 14.443) que modifica la ley 19.300 sobre bases generales del medioambiente y regula de manera especial la construcción de complejos de aerogeneración y plantas fotovoltaicas.
En sus fundamentos, la iniciativa detalló que, si bien en nuestra legislación existen instancias de participación ciudadana en la evaluación de los diferentes proyectos con impacto en el medio ambiente, hoy se hace necesario establecer medidas más concretas y eficientes de participación.
En esa línea, la Comisión de Medioambiente explicó que la idea es fijar compensaciones a las comunidades que ven afectada su calidad de vida con estas iniciativas, permitiendo la relación armónica entre las comunidades y los proyectos de complejos de generación eólica. Lo anterior, con el fin de reducir lo más posible las externalidades negativas derivadas de la instalación de torres de aerogeneración. Así, se busca propiciar medidas que endurezcan los elementos de evaluación ambiental y sirvan de sustento para una mejor implementación de estas energías.
Culminada la votación, los integrantes de la instancia acordaron como plazo el viernes 20 de junio, a las 17 horas, para la presentación de indicaciones.
Incineración de basura
Tras analizar el proyecto sobre aerogeneración, la instancia parlamentaria, además, inició la discusión del proyecto que aumenta las sanciones aplicables a la incineración de basura (boletín 17522). La normativa promueve, igualmente, la educación ambiental en manejo de residuos.
Para este fin, la comisión recibió al gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz. El personero detalló la situación de las quemas ilegales alrededor del vertedero “La Chimba”, que generan una situación grave desde el punto de vista ambiental.
Este proyecto modifica la normativa vigente para establecer la presunción legal de daño ambiental. Así, tipifica cualquier conducta que busque incinerar materiales para recuperación de materiales como metales industriales y cables de cobre. Si la incineración es para vender, la iniciativa eleva las penas en un grado. La idea es sancionar tanto la quema, como los productos resultantes de la misma, castigando la incineración destinada al lucro, que causa un daño constante y permanente a la comunidad.
abril 23, 2025 | Industria, Industria, Institucionalidad
Esta semana se constituyó la Comisión investigadora encargada de reunir antecedentes sobre las actuaciones del Gobierno relacionadas con la fiscalización, coordinación, operatividad y funcionamiento de los servicios de distribución eléctrica, entre los años 2024 y 2025 (CEI 68).
La junta tiene por objetivo revisar en detalle las actuaciones de instituciones como los ministerios de Energía, el Transportes y Telecomunicaciones, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y otros organismos involucrados en la regulación y supervisión del sector.
A su vez, buscarán identificar eventuales deficiencias o incumplimientos que hayan contribuido a cortes de luz, con el fin de proponer medidas correctivas que fortalezcan la seguridad y continuidad del servicio eléctrico en todo el país.
Acuerdos
Dando inicio a su trabajo, la instancia eligió como presidente al diputado Jorge Brito y acordó sesionar los lunes de 19:30 a 21:00 horas. El legislador destacó el propósito no es sólo esclarecer las causas de los cortes de luz masivos, sino también avanzar en propuestas concretas que permitan fortalecer la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
A su vez, Brito subrayó que la investigación abordará la demora en la reposición del servicio y la caída de las telecomunicaciones en eventos críticos. “Queremos poner el foco en que la demora en la reposición es tan grave como el corte mismo, y que la falta de respaldo en las telecomunicaciones afecta de manera directa a la ciudadanía”, puntualizó.
Áreas de revisión
Entre las tareas asignadas a la comisión se incluyen revisar las medidas adoptadas por las empresas de distribución y generación ante emergencias, así como sus planes de contingencia y mantenimiento de infraestructura.
También deberán evaluar el cumplimiento de la normativa vigente por parte de las empresas y la actuación de las autoridades fiscalizadoras en cada caso. A su vez, contará con un plazo de 60 días para elaborar su informe y para la primera sesión se planteó citar a las autoridades del Ministerio de Energía, de Transportes y Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
abril 8, 2025 | Industria, Industria, Institucionalidad
Por 122 votos a favor y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados visó en general el texto que faculta a los municipios para el retiro de cables aéreos en desuso (boletín 17.042). El texto se remitió nuevamente a la Comisión de Obras Públicas para discutir las indicaciones presentadas.
El escrito, originado en una moción de la diputada Ana María Gazmuri, busca reponer la atribución que tenían los municipios para retirar cables en desuso a expensas de las empresas concesionarias.
Al respecto, la iniciativa dispone que si la compañía concesionaria no realiza el retiro del cableado en desuso dentro del plazo establecido en la Ley general de Telecomunicaciones, los municipios podrán retirar, trasladar u ordenar estos elementos a costa de las empresas.
Incluso, en caso de elementos que no sea posible determinar su propiedad, el municipio podrá notificar a todas las concesionarias y permisionarias autorizadas en la comuna la fecha en que ejecutará el retiro y los costos asociados. Las citadas empresas reembolsarán en partes iguales los gastos incurridos.
Intervenciones en la sala
El diputado René Alinco (IND) entregó a la sala el informe de la Comisión de Obras Públicas.
Posteriormente, intervinieron Hernán Palma, Viviana Delgado, Chiara Barchiesi, Juan Carlos Beltrán, Daniel Lilayu; Ana María Bravo, Erika Olivera, Jorge Guzmán, Cristián Tapia, Felipe Camaño; Marcela Riquelme, Tomás Hirsch, Ximena Ossandón, Hotuiti Teao, Joanna Pérez; Marcos Ilabaca, Ana María Gazmuri, Leonidas Romero, Nelson Venegas y Marta Bravo. Igualmente, Miguel Ángel Calisto, Diego Schalper, María Candelaria Acevedo, Rubén Darío Oyarzo; Héctor Barría, Henry Leal, Hugo Rey, Johannes Kaiser, Agustín Romero; Karen Medina, Natalia Romero, Miguel Mellado y Víctor Alejandro Pino.
En tanto, en la segunda sesión de discusión hablaron Félix González, Matías Ramírez, Felipe Donoso, Héctor Ulloa, Carolina Tello; Bernardo Berger, Daniela Serrano, Andrés Celis, Alejandro Bernales, Gastón Von Mühlenbrock; Renzo Trisotti, Carla Morales y Fernando Bórquez.
En general, los legisladores valoraron la iniciativa porque la basura aérea contamina, es un riesgo para los vecinos y afecta el turismo en múltiples ciudades del país.
Asimismo, el proyecto es visto como una medida de equidad social, ya que el problema es mayor en comunas con menos recursos o sin ordenamiento territorial. En esa línea se planteó que el soterramiento debiese ser obligatorio en toda construcción nueva.
Además, enfatizaron la responsabilidad de las empresas y la gestión de los desechos que generan. Por ello, algunas voces críticas plantearon que la norma sobrecarga a los municipios sin dotarlos de recursos para ejecutar la tarea. De igual modo, se llamó la atención sobre la calificación técnica de quienes hagan este retiro.
julio 22, 2024 | Industria, Institucionalidad
El Senado despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Transición Energética, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos y posiciona a la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad.
Esta iniciativa busca descongestionar las líneas de transmisión eléctrica y facilitar la operación de las generadoras, agilizar las obras de infraestructura e introducir cambios en los ingresos tarifarios.
Durante tres sesiones, los senadores revisaron y perfeccionaron el texto con aportes de la Comisión de Minería y Energía.
En la sesión del 19 de junio, se discutieron las reglas que definirán los ingresos tarifarios. El 3 de julio, se aprobaron normas unánimemente respaldadas por la Comisión, como la construcción de obras urgentes de transmisión eléctrica. En esta jornada intervinieron los senadores Juan Luis Castro, Luz Ebensperger y Yasna Provoste, quienes abordaron los acuerdos alcanzados entre la cartera de Energía y los integrantes de la citada instancia parlamentaria, entre ellos, la necesidad de apoyar a las generadoras renovables que se encuentran en situaciones más deficitarias.
Posteriormente, el martes 9 de julio Ebensperger y Castro explicaron el acuerdo al que llegaron con el ministro Diego Pardow para despachar los artículos pendientes y remitir así el texto a su siguiente trámite.
En tanto, los senadores Claudia Pascual y Alejandro Kusanovic aprovecharon la misma ocasión para referirse al alza de las tarifas eléctricas y las medidas adoptadas por el Ejecutivo en la materia.
junio 26, 2024 | Energías Renovables, Industria
En una reunión online realizada este lunes, la denominada “Bancada Eléctrica” de la Cámara sostuvo un encuentro con la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), Ana Lía Rojas, para analizar el impacto de los contratos de energía renovable en las tarifas eléctricas.
La instancia se desarrolló durante la semana distrital de los diputados y contó con la participación de los legisladores Marisela Santibáñez, Marcela Riquelme, Rubén Oyarzo, Jaime Araya, Joanna Pérez, Yovana Ahumada, Miguel Ángel Calisto, Boris Barrera y Marlene Pérez.
En la ocasión, la líder gremial expuso sobre los contratos de energía renovable implementados desde 2015, destacando cómo estos han contribuido a mitigar las alzas en las tarifas eléctricas en Chile. Así, se abordaron las diferencias entre los acuerdos antiguos y los más recientes, subrayando los beneficios económicos y de sostenibilidad que los contratos renovables han aportado al sector eléctrico.
Sin embargo, de acuerdo con el diseño de las licitaciones, las empresas ganadoras de estas inician el suministro de energía luego de cinco años, por lo que recién desde 2020 las ERNC han comenzado progresivamente a participar en de estos contratos. Como consecuencia de ello, la participación relativa de nuevos contratos ERNC en el total de contratos de suministro a los hogares de Chile alcanza hoy solo el 28%.
En octubre de 2023, por ejemplo, el precio promedio de contratos regulados, adjudicados en 2015 y basados en ERNC, fue de 59,4 $/kWh, mientras el promedio de precios del abastecimiento de contratos antiguos fue de 108,7 $/kWh.
Además de analizar el impacto positivo de los contratos renovables, Acera presentó las complejidades actuales que enfrenta la industria de energías renovables en Chile. Estas dificultades incluyen desafíos regulatorios para la mayor inserción de renovables en la red eléctrica y evitar así los vertimientos de ERNC, de permisos y también de financiamiento, que afectan la implementación y el desarrollo de proyectos renovables en el país.
En tal sentido, la directora ejecutiva de Acera destacó la importancia de continuar fomentando la competencia en el sector eléctrico mediante la integración de más energías renovables. “Los contratos renovables están ayudando a moderar los incrementos de tarifas eléctricas a los chilenos, y también están promoviendo una mayor competencia en el mercado eléctrico del país, lo cual es beneficioso para todos los consumidores”, comentó Rojas.
Los diputados de la “Bancada Eléctrica” reafirmaron su compromiso de buscar soluciones al problema de las sucesivas alzas en la tarifa eléctrica anunciadas para julio y los semestres que vienen, las cuales llegarán a un 57% en 2025 según el Banco Central. Asimismo, se comprometieron a seguir trabajando en políticas que apoyen el desarrollo sostenible del sector energético, destacando la necesidad de abordar y resolver las complejidades que enfrenta la industria renovable.
