abril 17, 2024 | Institucionalidad, Medio Ambiente
Un paso trascendental se dio este lunes con la aprobación por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático del Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE), instrumento creado para avanzar de manera progresiva y continua en mejorar los estándares de los derechos de acceso en el país y desarrollar acciones que garanticen un ejercicio seguro para todas las personas que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
Este plan permitirá avanzar en la implementación en el país el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró la aprobación del PIPE, asegurando que “este plan es transversal. Se construyó a través de un proceso participativo en el que se incluyó la opinión de las personas y también de 25 servicios públicos, comprometiéndose a más de 230 medidas que se deberán realizar de aquí a 2030, que lo que buscan es fortalecer la democracia”.
En tanto, el ministro de Justicia y DD.HH., Luis Cordero, destacó también el Protocolo de Defensores de Derechos Humanos que su cartera presentó, una herramienta que servirá también en la implementación del Acuerdo de Escazú. “El Consejo de Ministros tomó conocimiento de la aprobación de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, que aprobó el 4 de abril el Protocolo de Defensores de Derechos Humanos, que es un protocolo firmado por todas las instituciones del sistema de enjuiciamiento criminal, para aquellas personas que dedican sus acciones a la defensa y promoción de los derechos humanos y para que éstas puedan ser ejercidas en entornos seguros, libres de violencia”, dijo.
Líneas estratégicas
El pilar de acceso a la información ambiental tiene como objetivo implementar un sistema eficiente y accesible para el manejo de la información ambiental garantizando el acceso gratuito, la generación y actualización continua y la comprensión amplia de los datos por todas las personas interesadas. Para conseguirlo se plantean acciones como actualizar periódicamente la información ambiental dispuesta en las distintas plataformas y sistemas de información, utilizando un lenguaje claro y comprensible para la ciudadanía o el promover la transparencia de la información ambiental de empresas privadas y públicas.
La participación en la toma de decisiones ambientales plantea como meta fortalecer los marcos de participación ciudadana en la gestión ambiental a nivel nacional, regional y local, alineándolos con los principios y estándares del Acuerdo de Escazú. Para ello se proponen medidas como promover la implementación de procesos, orientada al involucramiento del público en etapas iniciales del proceso con tal de fortalecer la participación de niñas, niños y adolescentes.
El acceso a la justicia ambiental busca desarrollar acciones que potencien la educación y difusión de herramientas que faciliten la asistencia legal y técnica, promoviendo procedimientos eficientes para asegurar las garantías del debido proceso en asuntos medioambientales.
Cuarto, sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales el PIPE busca generar mayor conocimiento y reconocimiento a la labor que realizan personas, organizaciones y grupos que lo promueven. De esta manera se plantea reforzar los contenidos relativos a la labor de promoción y defensa del medio ambiente en programas de capacitación o instancias formativas dirigidas a funcionarios públicos de la institucionalidad ambiental.
Quinto, el fortalecimiento de capacidades y cooperación tiene como objetivo promover instancias para el fortalecimiento de capacidades y la sensibilización ambiental de diversos actores de la sociedad, así como espacios de cooperación, alianzas e intercambios entre países. Entre las acciones de esta línea aparecen el capacitar en los derechos de acceso, a funcionarios/as públicos/as y municipales, y autoridades de distintos niveles, utilizando diferentes recursos y formatos educativos o desarrollar material didáctico, informativo y educativo para diferentes públicos.
abril 8, 2024 | Institucionalidad, Medio Ambiente
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aprobó un programa de cumplimiento presentado por la empresa ENAP Refinerías S.A., titular del proyecto “Terminal Marítimo Quintero ENAP”, en el marco del procedimiento sancionatorio iniciado en abril de 2023.
Este caso tiene como origen el no cumplimiento por parte de la empresa respecto a la reducción de operación establecida en el Plan de Descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví, que tiene por objetivo reducir inmediatamente las emisiones de los contaminantes regulados en dicho plan, apenas se registre un nivel de alerta, pre-emergencia o emergencia ambiental. A raíz de este antecedente, la SMA inició un procedimiento sancionatorio en contra de la compañía, donde se le imputaron tres infracciones.
Dos de estas infracciones fueron catalogadas como leves, por falta de entrega de información de parámetros en su programa de monitoreo y por superar algunos límites máximos en descargas de residuos líquidos.
La tercera infracción, clasificada como grave, se sustentó porque la empresa no disminuyó en un 50% el flujo de descarga nominal de crudo (Crudo Buzios), en el Terminal Monoboya, según lo establecido en su Plan Operacional para episodios de Gestión de Episodios Críticos (GEC).
Acciones a cumplir
Respecto al programa de cumplimiento, la empresa comprometió 7 acciones a ejecutar en un plazo de 13 meses. Entre ellas, destaca la optimización del sistema de tratamiento de efluentes del Terminal Marítimo Quintero, mediante la remoción de hidrocarburos volátiles e hidrocarburos totales, a través de filtración y carbón activado, lo cual consiste en la implementación de filtros de carbón activado entre la laguna y el emisario final del sector de remodelación, con el objetivo de remover hidrocarburos que se encuentran en los residuos tratados antes de su disposición.
Las demás acciones tienen relación con la implementación de medición de caudal de llenado de tanques en línea; la elaboración, difusión, implementación y actualización de “Instructivo para la disminución de flujo en la descarga de crudos y productos limpios en el Terminal, en condiciones de inversión térmica igual o superior a 2°C”; la disminución del aporte de hidrocarburos al Sistema de Tratamiento de Efluentes mediante el aislamiento de cámara previa a la entrada al sistema; entre otras acciones.
El monto total comprometido del programa de cumplimiento es de $1.162.674.000, el cual cumple con el estándar solicitado por la Superintendencia del Medio Ambiente. En efecto, las medidas se encuentran acordes con lo exigido y esperado por la SMA, propendiendo al cumplimiento normativo ambiental y haciéndose cargo de los efectos ocasionados por las infracciones.
Cabe hacer presente que, una vez ejecutado dicho programa de cumplimiento en el plazo comprometido, esta Superintendencia evaluará las acciones implementadas y definirá si aquel se cumplió o no, declarando la ejecución satisfactoria o el reinicio del procedimiento sancionatorio, según corresponda.
marzo 27, 2024 | Energías Fósiles, Industria, Industria
En diciembre pasado, Engie Chile informó a la Comisión Nacional de Energía (CNE) de la reconversión a gas natural de Infraestructura Energética Mejillones (IEM) y la desconexión de las unidades 1 y 2 del Complejo Térmico de Mejillones (CTM) al 31 de diciembre de 2025.
Sobre IEM, la CNE, a través de la Resolución Exenta N° 117, autorizó dicho proceso dando luz verde a lo informado por la compañía. Esto, luego de que el estudio realizado por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) estableciera que no se compromete la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Al respecto, la CEO de Engie Chile, Rosaline Corinthien, manifestó que «la aprobación por parte de la CNE significa un gran hito en nuestro plan de transformación. Estamos llevando a cabo una transición energética segura y estable para el Sistema Eléctrico Nacional. Al mismo tiempo, continuamos desarrollando proyectos de energía renovable y herramientas flexibles como los sistemas de almacenamiento, de manera de sumar energía verde y acelerar la transición energética, garantizando al mismo tiempo un sistema estable».
Por su parte, Gabriel Marcuz, Managing Director Engie Flexible Generation & Retail, agregó que “el 31 de diciembre de 2025 retiraremos del sistema 711 MW de generación a carbón y empezaremos el proceso de reconversión de IEM de cara a julio de 2026, esto nos permitirá mantener la potencia bruta de dicha central de 377 MW. Este gran paso avanza de forma paralela al diálogo y transparencia con nuestros sindicatos y colaboradores, así también con las comunidades y autoridades”.
Cabe resaltar que en el caso de las unidades 1 y 2 del Complejo Térmico de Mejillones, la CNE publicó un oficio a principios de marzo en el cual menciona que con base en el informe elaborado por el Coordinador, el retiro de dichas centrales “no afecta negativamente la condición del sistema eléctrico, de modo que su ejecución considerando el plazo señalado, no deteriora la condición actual de seguridad del Sistema Eléctrico Nacional ni degrada la calidad de servicio a clientes finales”.
febrero 13, 2024 | Industria
La Dirección Regional Maule de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) inició una investigación para determinar las causas y eventuales responsabilidades involucradas, a raíz de un corte de suministro eléctrico registrado durante el miércoles 7 de febrero que afectó a 178 mil usuarios de las comunas de Talca, Curepto, Sagrada Familia, San Clemente, Hualañé, Licantén, Maule, San Javier y Constitución, además de las comunas de Lolol y Pichilemu de la región de O’Higgins.
Según los primeros antecedentes recopilados por el organismo fiscalizador, la interrupción se produjo a las 19:56 horas, por una falla en instalaciones de la empresa CGE Transmisión que afectó a tres tramos de la Línea Itahue-Talca, Maule-Talca y Los Maquis-Hualañé, provocando la interrupción del suministro eléctrico que logró ser repuesto completamente a las 23:14 horas de ese mismo día.
El director regional de SEC Maule, Vicente Marinkovic, indicó que «una vez detectada la interrupción, y junto con monitorear la restitución del suministro, se solicitó a la empresa involucrada los antecedentes para iniciar la investigación y establecer las causas de este hecho. Además, fuimos a fiscalizar en terreno el estado de las líneas. Ante situaciones como las vividas en la región, las compañías tienen la obligación de contar con todos los medios humanos y técnicos para responder de forma rápida, acciones que son vigiladas por la SEC en su preocupación por que la ciudadanía reciba un suministro continuo, seguro y de calidad».
La autoridad regional, además, afirmó que “una vez finalizada la investigación, instancia que determinará las causas exactas de las fallas, será posible analizar, más allá de las eventuales multas a los responsables, las compensaciones que podrían recibir los usuarios afectados, según lo consignado en la normativa vigente».
Asimismo, desde la entidad fiscalizadora recordaron a la ciudadanía que todo corte de luz no programado, variación de voltaje u otra situación que afecte el normal servicio que reciben en sus hogares, debe ser reportado de forma inmediata a la empresa eléctrica, cuyo reclamo puede realizarse en los canales oficiales de la institución.
enero 26, 2024 | Industria
Interrupciones de suministro para más de 2,6 millones de clientes, a lo largo del país en 2023, fue el saldo del fuerte incremento en los choques a postes en la zona de concesión de la distribuidora eléctrica CGE, que abarca desde las regiones de Arica y Parinacota a La Araucanía.
Particularmente en la región del Maule, 289.167 clientes resultaron afectados por este tipo de accidentes de tránsito durante el año pasado, equivalente a un aumento del 8% con relación a 2022, en tanto que el número de choques a infraestructura eléctrica alcanzó los 486 a lo largo del periodo.
Según datos de CGE, entre enero y diciembre del año pasado se registraron en el país un total de 3.776 accidentes de tránsito, que involucraron daño o destrucción de infraestructura eléctrica, como postes, transformadores y cables, afectando el suministro eléctrico a cientos de miles de clientes.
Esta cifra muestra un fuerte incremento del 17,4% respecto del mismo periodo del año 2022, cuando se registraron 3.217 de estos accidentes. En los últimos años, y pese a las campañas de sensibilización de la compañía y las autoridades, la cifra de choques a postes no ha dejado de crecer, provocando serios perjuicios en la calidad de servicio entregada a los clientes.
En términos de clientes afectados con largas interrupciones en su suministro eléctrico por estos accidentes, en todo 2023 alcanzaron a 2 millones 611 mil clientes de CGE, marcando un alza de 28% respecto de 2022, cuando los afectados fueron poco más de 2 millones de clientes.
“La consolidación de la tendencia al alza en los choques a poste durante el 2023 es preocupante. El impacto en la calidad y continuidad del suministro eléctrico es muy relevante y afecta directamente el servicio a nuestros clientes”, afirmó el gerente de Comunicaciones e Integración Cultural de CGE, Cristian Briceño.
En promedio, entre enero y diciembre del año pasado se registraron 10,3 choques al día en la zona de concesión de CGE, accidentes que en su gran mayoría involucraron daño o destrucción de infraestructura eléctrica, como postes de baja y media tensión, transformadores o cables, afectando la calidad y continuidad del suministro eléctrico y dejando interrupciones de suministro eléctrico a un importante número de clientes.
