En un entorno que reunió a actores del sector energía, empresas generadoras y transmisoras, representantes de la industria y principales consumidores de la gran minería, se realizó un encuentro que develó inquietudes y expectativas respecto del proyecto de ley de Transición Energética, que en julio inició su tramitación parlamentaria en la Comisión de Minería y Energía del Senado.

Así, durante el conversatorio “Proyecto de ley de Transición Energética: escenarios e impactos”, organizado por energiE y Domo Legal, se analizó la propuesta desde sus tres ejes: sector eléctrico y cambio climático; desarrollo eficiente de la transmisión, y promoción del almacenamiento y fomento de la competencia.

La actividad contó con la participación de expertos de las entidades organizadoras. La directora de Domo Legal, Daniela González, realizó una detallada presentación sobre la propuesta legislativa, destacando varios puntos, entre ellos, la necesidad de discutir y revisar el proyecto en su conjunto y no solo focalizarse en los dos temas que han dominado la agenda como son la reasignación de ingresos tarifarios y la licitación de sistemas de almacenamiento. “Este proyecto tiene como objetivo hacerse cargo de la infraestructura habilitante y por ello es indispensable que las modificaciones a la planificación energética de largo plazo y al proceso de planificación de la transmisión vayan en la dirección correcta”, afirmó la abogada.

En este ámbito, la profesional planteó la necesidad de hacer una revisión crítica de instrumentos que no han tenido aplicación en la práctica y cuya implementación ha demostrado no ser consistente con los tiempos que requiere el desarrollo del sector. Agregó que tampoco parece ir en la dirección de acelerar el desarrollo de la transmisión el establecer un proceso bianual, en desmedro de medidas de gestión que busquen fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el cumplimiento de su rol.

Respecto de la redistribución de Ingresos Tarifarios –otro punto que ha cobrado relevancia en la discusión–, el socio director de energiE, Daniel Salazar, comentó que el proyecto “establece una redistribución de los ingresos tarifarios con una norma muy, pero muy abierta, que admite múltiples aplicaciones, y eso la hace impredecible”. Sin embargo, sostuvo que pese a no tener un efecto de gran impacto en el alivio que se pretende otorgar a algunas empresas renovables, es uno de los puntos trabajables del proyecto.

Un segundo tema que el consultor analizó, desde una perspectiva crítica, fue el contenido de la licitación de almacenamiento, más allá de su carácter transitorio, “porque combina modelos de negocios de segmentos que tienen distintos regímenes y distintos incentivos (…) No estamos de acuerdo con un tipo de solución de planificación central para un activo cuyos efectos y consecuencias en precios, posiciones y transferencias de corto plazo viven en el segmento de generación; creemos que hay muchas evaluaciones que se están haciendo hoy día que, por este proyecto, se ponen en pausa y en duda”.

En este mismo punto, González añadió que “si el diagnóstico que presente el Ministerio justifica una licitación centralizada, cabe preguntarse si tiene sentido que la licitación se haga con las características propias de transmisión o debería mutar hacia un diseño que conviva con el diseño de mercado de la generación y que pueda ejercer la toma de decisiones descentralizada, como ha sido tradicionalmente el diseño del mercado de generación”.

No obstante, Salazar propuso que, aun siendo una idea impopular, se revisen las reglas del acceso abierto. ¿La razón?: “Los niveles de intensidad competitiva hoy día son tan altos que bien valdría la pena revisar si hay que reducir esa intensidad competitiva en algunas circunstancias y regular más los efectos y consecuencias de la incorporación de un nuevo entrante”. Al respecto, González añadió que también debe discutirse la falta de señal de localización a la generación.

Por último, el socio director de energiE expresó que “el proyecto de ley aborda un conjunto muy amplio de materias, la mayoría de las cuales podrían ser abordadas con soluciones infra-legales”. De este modo, según su mirada, la propuesta se podría enfocar “en las materias prioritarias que sí o sí requieren normal legal y así hacer más expedita su tramitación”.