Con la participación de autoridades sectoriales se realizó el conversatorio “10 años del Segundo Tribunal Ambiental: aportes y proyecciones”, ocasión en la que se destacó el rol de esta judicatura especializada en la construcción y consolidación de la institucionalidad medioambiental del país, especialmente, asociada a la revisión de las decisiones de los organismos públicos con competencia en esa materia.

La actividad fue organizada por el Segundo Tribunal Ambiental –radicado en Santiago–, en el marco de la presentación de su Cuenta Pública 2022, y contó con la intervención de la Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer; la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, y el jefe de la División Jurídica del ministerio del Medio Ambiente (MMA), Ariel Espinoza.

El objetivo del encuentro fue promover la transparencia en la gestión de la judicatura especializada e incentivar el diálogo interinstitucional y con la ciudadanía respecto de temas como jurisprudencia, conciliaciones como mecanismo de resolución de conflictos, nuevo proceso constituyente, perspectiva ambiental y cambio climático, como también analizar y reflexionar respecto de aquellas reformas necesarias para el sector.

En su alocución, la directora ejecutiva del SEA destacó el esfuerzo de transparencia y apertura hacia la ciudadanía del Segundo Tribunal Ambiental, al concretar instancias como el conversatorio. “Sin tribunales especializados sería difícil dar las certezas técnicas y jurídicas que hoy la ciudadanía reclama. Certezas tanto en relación con los titulares de proyectos, que las requieren, como con la ciudadanía que demanda la protección del medio ambiente”, dijo Valentina Durán.

Por su parte, la titular de la SMA, Marie Claude Plummer, recordó que los tribunales ambientales nacieron como una condición de tramitación de la nueva institucionalidad chilena, especialmente, para brindar un control respecto de sus actuaciones.

“Cómo ha devenido el Tribunal hasta la fecha. No está sólo reducido a los actos de la Superintendencia, (…)  los tribunales ambientales evidentemente no se quedan en la lista corta de los instrumentos de carácter ambiental. Este tribunal, en particular, ha ido un poco más allá: en planes de manejo forestal, en materias de cuotas de pesca y otros instrumentos que son parte del debate académico que pueda darse respecto de la competencia”, indicó.

Las autoridades también reflexionaron acerca de los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos socioambientales, particularmente, las conciliaciones que impulsa la judicatura especializada en materia de demandas por reparación de daño ambiental, procesos que en el último tiempo se han ampliado a las reclamaciones de ilegalidad de actos de la administración.

Reformas necesarias

El conversatorio también abordó aspectos asociados a las perspectivas futuras del Tribunal y en general de la institucionalidad ambiental de Chile, especialmente, a aquellas reformas que se ven necesarias para enfrentar los próximos 10 años.

Ariel Espinosa expresó que el ministerio del Medio Ambiente “se ha autoimpuesto algunas tareas muy importantes que tienen que ver con una reforma a la Ley 19.300 para recoger una serie de diagnósticos de múltiples actores, tanto de la sociedad civil como desarrolladores de proyectos, en relación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y también en otras áreas de la ley, las cuales esperamos prontamente comunicar las ideas matrices del proceso”.

En tanto la directora del SEA, remarcó la importancia de reforzar las leyes del SEA, SMA y los tribunales ambientales, como también que se pueda modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Específicamente, respecto de los tribunales ambientales, dijo que hay varios aspectos que podrían reforzarse en una modernización de la Ley N° 20.600. “Quizá ya sería bueno plantear una vía recursiva amplia. Creo que ha habido mucho litigio en relación con las demandas de acceso a la justicia ambiental, justamente en relación con el Acuerdo de Escazú. Ser parte puede invitarnos hacer una revisión de la Ley N°20.600 para efectos de brindar un mejor y mayor acceso a la justicia ambiental”, reflexionó.