Este jueves se realizó la tercera sesión de la mesa de trabajo público-privada convocada por el ministerio de Energía -y conducida por la CNE- para abordar la situación del mercado de corto plazo y la cadena de pagos, a raíz de la alarma encendida luego de que dos empresas generadoras de energía renovable se declararan imposibilitadas de cumplir con sus contratos de suministro.

Siguiendo con las presentaciones que, en el marco de esta instancia, están realizando distintos gremios eléctricos, ayer fue el turno de Generadoras de Chile, asociación representada por su gerente general, Camilo Charme.

“El vertimiento es un desafío que enfrentan los sistemas eléctricos que incorporan crecientes niveles de energías renovables y que debe ser gestionado activamente tanto por la autoridad como por el operador del sistema, dando señales adecuadas a los tomadores de decisiones”, afirmó el ejecutivo durante su exposición.

Agregó que, “en el mundo, el desarrollo renovable está resultando en un aumento de desacoples y en una baja en los precios spot en esas zonas, lo que refuerza la importancia de una mejor planificación y gestión activa de la red de transmisión».

Asimismo, Charme indicó que “si bien, los costos marginales iguales a cero no son una falla de mercado, sino el reflejo del nivel de disponibilidad de energía en un determinado momento y lugar, su ocurrencia hace necesaria el complementar el mercado con contratos de largo plazo».

Quien también expuso durante la sesión fue Javier Tapia, director ejecutivo Transmisoras de Chile. En su presentación, el líder gremial dijo que es necesario “centrar las medidas en las redes y otras condiciones habilitantes”.

A juicio de Tapia, los proyectos de infraestructura requieren de mayor claridad y señales de certeza, para lo cual es necesario “agilizar la permisología de líneas en desarrollo y “adecuar normas a proyectos de líneas”.

En esa línea, el líder gremial, planteó la necesidad de adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo. En el caso de las primeras, señaló que se debe resguardar la cadena de pagos del sistema y mitigar los efectos de insolvencias. Lo anterior, precisó, con base en los principios actuales de la regulación, incluyendo garantías para el pago de las deudas vigentes y uso de holguras en los contratos.

Respecto al mediano plazo, el representante de las transmisoras destacó, entre otros puntos, la necesidad de implementar medidas para dar flexibilidad e inteligencia de la
red, como el repotenciamiento de líneas existentes y el uso de eléctrónica de potencia.

Y, para un horizonte más lejano, Javier Tapia se manifestó a favor de introducir cambios a la planificación. En esa dirección, indicó que es “imprescindible definir la red del futuro y sus atributos, para luego definir la ruta costo-eficiente” y que, a nivel de institucionalidad, es necesario “separar al planificador del tarificador”.

Decisiones comerciales 

En la oportunidad, la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía (ACEN) también entregó su visión sobre el escenario que enfrenta el sistema eléctrico a raíz de la situación que afecta a dos empresas generadoras. Eduardo Andrade, secretario ejecutivo de la entidad, comentó a juicio de ACEN no se está frente a una crisis, sino que a decisiones comerciales que deben ser resueltas entre las empresas contratantes.

Asimismo, propuso a la mesa algunas medidas orientadas a mejorar la competitividad en el sector eléctrico. Entre ellas, puntualizó que “bajar el límite de la potencia para ser cliente libre permitiría reducir la energía que las distribuidoras tienen que comprar mediante los contratos licitados, dando más holgura al sistema, lo que también aumentaría la competencia puesto que más usuarios finales serían libres de elegir a su suministrador”.