La Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (Fenacopel), que representa a siete Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Electricidad (CEC, Coopelan, Copelec, Coelcha, Cooprel, Crell y Socoepa), manifestó su preocupación ante el alza de robos de cobre y daños que han sufrido las instalaciones y líneas de distribución de sus cooperativas asociadas, delito que se ha incrementado de manera importante durante el último tiempo y que provoca un gran daño a los usuarios al interrumpir la continuidad del suministro de electricidad, lo que transforma a estos hechos en un delito social, además del patrimonial.

Para Fenacopel, este delito va mucho más allá del hecho del robo de cobre que se encuentra en los cables, conductores y transformadores de las Cooperativas Eléctricas, ya que detrás de este crimen organizado hay comercio ilegal, asociación ilícita, contabilidad fraudulenta, daños a terceros, entre otros, lo que denota el conocimiento y preparación de estas bandas organizadas que además saben los lugares estratégicos y el momento adecuado para proceder al cometido de sus delitos, poniendo incluso su vida en riesgo para lograr la retribución económica que logran por estos robos.

Según el jefe de Prevención de pérdidas de Copelec y representante de dicha empresa en la Mesa de robo de conductores eléctricos del Biobío y Ñuble, Nelson Jorquera, quienes están detrás de robos al tendido eléctrico e instalaciones de las diversas compañías, poseen una estructura y roles definidos, lo que habla de un ilícito que actúa de manera organizada y preparada. “Existe toda una estructura para este tipo de delitos, estando quienes van a realizar el robo en sí, otros lo enrollan, hay gente que se encarga del transporte, y otros los comercializan. Para esto último, se han aumentado las fiscalizaciones a empresas compradoras de cobre y otros metales, donde se exige una amplia documentación que acredite la procedencia de los productos, lo cual lamentablemente no logra frenar del todo este delito”.

Según Jorquera, las bandas vinculadas a estos robos están constantemente trasladándose entre varias regiones, teniendo este delito el carácter de cíclico, evolutivo y fluctuante, donde actualmente la región del Biobío es la que acapara el mayor número de casos de esta índole. “Para esclarecer este tipo de robos, es importante el trabajo que se realiza en el sitio del suceso, ya que por lo general es el personal de las propias Cooperativas quienes descubren lo sucedido, por lo cual se creó un protocolo anexo a la denuncia que permite que cada Cooperativa afectada envíe los antecedentes recogidos en terreno y de igual forma se trabaje en la reposición de los daños ocasionados lo antes posible”, comenta Nelson Jorquera, quien agrega que además se categorizó este delito para que sea más fácil la investigación de cada caso, los cuales se denuncian de inmediato y se ingresan al sistema policial para su resolución y prevención.

Para las empresas eléctricas, un factor de gran importancia es el trabajo en las mesas de robo, donde se aportan datos duros de diferentes situaciones que afectan a las cooperativas, teniendo en cuenta el carácter rural de los servicios que entregan, lo que propicia el cometido de estos delitos. “El trabajo en estas mesas ha permitido crear una cultura en materia de prevención, donde se dan cita actores públicos y privados, agregando otras entidades como Aduanas, Impuestos Internos, Ministerio Público y autoridades locales, siendo una herramienta relevante dada la información y colaboración que se entrega”.

Finalmente, el Gerente de Fenacopel, Patricio Molina, destacó la necesidad de avanzar de manera coordinada entre las empresas afectadas y los Poderes del Estado para lograr medidas ejemplares que permitan erradicar el robo de cobre, señalando además que “lo que más nos preocupa es que este delito afecta en su totalidad el diario vivir de nuestros usuarios, ya que al dejarlos sin electricidad no solo se afectan sus actividades domiciliarias, sino que además aquellas asociadas a plantas de agua potable, establecimiento de salud y educacionales, carabineros y policías, servicios públicos, telecomunicaciones, comercio, industria, etc., afectando a toda la Comunidad”.