Nuevas comisiones investigadoras se constituyeron formalmente en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Una de ellas pretende reunir antecedentes relativos con el monitoreo y control de las emisiones que motivaron la reciente alerta de emergencia ambiental en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, frente al aumento en las concentraciones de azufre (CEI 8).

Para sus objetivos, se fiscalizarán los actos del Gobierno relacionados con el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia del ramo. También, el accionar de los ministerios de Salud, Minería, Energía, así como de la Corporación Nacional del Cobre.

La idea es verificar las responsabilidades que a estos organismos le cabe en la dictación de normas legales y reglamentarias que hubiesen permitido prevenir la situación que terminó en la intoxicación masiva.

La comisión investigadora tendrán un plazo de 90 días para evacuar su informe. Para el cumplimiento de su cometido, podrán constituirse en cualquier parte del territorio nacional.

El grupo será presidido por el diputado Nelson Venegas (PS). En su sesión constitutiva, se definió sesionar los días lunes, a las 10:00 horas. Adicionalmente, acordaron que el presidente determinará el orden, calendarización y nombre de los invitados.

Gestión de Enap

Otra de las instancias tendrá como rol reunir antecedentes relacionados con eventuales irregularidades cometidas por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), desde el año 2014 a la fecha. Lo anterior, respecto de diversas actuaciones administrativas y comerciales que han generado conflictos laborales, altos niveles de gasto en asesorías, denuncias de corrupción y otras (CEI 7).

En la sesión se eligió como presidente al diputado Carlos Bianchi (PPD) y se definió sesionar los días lunes, a las 13.00 horas. Igualmente, se acordó que se designarán los primeros invitados a través de un cronograma, según las sugerencias de los parlamentarios/as.

En sus antecedentes se cuenta analizar el cumplimiento de varios dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República, desde el año 2016 en adelante. Ello, frente a eventuales irregularidades en las inversiones, realizadas entre 2014 y 2018. Adicionalmente, se evaluará su efecto en el estado financiero de la empresa estatal.