Una serie de críticas al proyecto de ley de estabilización de tarifas y que crea un fondo de emergencia, plantea Luciano Cruz, abogado-socio de Arteaga Gorziglia, advirtiendo que es una mala solución para descomprimir el ambiente».

«El despacho del proyecto de ley que establece un mecanismo para regular las cuentas eléctricas no solo representa una señal equivocada al país, sino que constituye una estrategia insuficiente para abordar la matriz del problema energético que enfrentamos. Este más se relaciona con brechas en la infraestructura de transmisión y mayores incentivos a la eficiencia energética que con un desafío exclusivamente económico», afirma.

Análisis

A su juicio, la iniciativa no se hace cargo de temas de fondo, pues «el Estado no pone un solo peso en contribuir a limitar el alza de las cuentas de la luz de todos los chilenos».

«La iniciativa, una continuación del mecanismo creado por el gobierno del presidente Piñera en 2019, no es otra cosa que la acumulación de cuentas impagas a las generadoras por hasta USD 1.600 millones, para luego prorratear su pago a 10 años plazo, sumado ahora al pago de un sobrecosto permanente para ciertos usuarios de la energía eléctrica», agrega.

Artega Gorziglia_Luciano Cruz

Según Cruz, «el mensaje que se da al mercado y a los ciudadanos es, a todas luces, confuso.  Incluso paradójico. El país está embarcado en una exitosa estrategia, reconocida incluso internacionalmente, para descarbonizar su matriz energética, y lo que hace este proyecto de ley es comenzar a castigar el uso de energía eléctrica».

Explica que, «en tiempos de crisis inflacionaria, las repercusiones de esta normativa podrían hacer que ese «sobrecosto» se traspase también a los consumidores. Y he aquí otro absurdo: las familias momentáneamente no verán alzas en su cuenta de la luz, para luego tener que hacerse cargo de pagar hasta por 10 años el costo de esta “estabilización”, pero finalmente nadie garantiza que en el intertanto además no terminen pagando más por el pan u otros alimentos básicos».

«El Estado no pone nada de su parte y le carga la mano al sector productivo, sin abordar las cuestiones estructurales de fondo, dando prioridad a cuestiones realmente vitales para el futuro, por ejemplo, a una mayor eficiencia en las líneas transmisión, con nuevas obras para disminuir la pérdida de energía. En suma, esto no se entiende de otra forma que no sea salir rápido de un problema de alto impacto, en tiempos de definiciones electorales, ayudando a descomprimir el ambiente con una mala solución parche», concluye el abogado.