«Entre mayo de 2018 y diciembre de 2019 la participación del gas inflexible fue en promedio de un 5.7% de la generación total del sistema, donde los meses de julio de 2019 y agosto de 2020 fueron los más altos con un 16% aproximadamente. Esto trajo como consecuencia impactos a nivel del despacho de las unidades y disminución en el costo marginal del sistema. Según nuestros análisis estos impactos fueron zonales (en nodos específicos), dándose comportamientos diferentes en la zona norte del sistema que en la zona centro».

Así lo señala el reporte mensual de Valgesta Energía, al abordar este tema que actualmente se discute en el sector energético, planteando la relevancia de «identificar el efecto a nivel de agentes y del sistema para tener un correcto diagnóstico de esta situación. Lo que los datos nos señalan, es que los vertimientos de energía no se deben exclusivamente al gas inflexible, sino que más bien ello tiene más relación con las restricciones en materia de transmisión».

Según el análisis de la consultora, «la discusión regulatoria sobre el tratamiento del despacho de centrales en base a GNL comienza a parecerse a esos debates donde la evidencia, los datos y el diagnóstico correcto y compartido, retrocede frente a la consigna: debe cambiarse la norma porque es una «distorsión del mercado»; debe mantenerse la norma porque de lo contrario «se pone en riesgo la disponibilidad del GNL».

Además, se indica que es «evidente que la norma técnica de gas inflexible impacta el despacho de unidades y también el costo marginal, pero esto no es ajeno a otros requerimientos que tiene el sistema por razones de eficiencia y seguridad, como por ejemplo el despacho a mínimo técnico de algunas unidades del sistema, que también tiene efectos sobre el sistema, pero se entienden como necesarios para una operación más eficiente y segura a nivel sistémico».

«Por ello creemos que la evaluación de la norma de despacho de GNL debe realizarse desde la perspectiva total del sistema y si ello puede generar señales correctas o incorrectas para el futuro» se afirma.

Y se agrega: «Desde nuestra perspectiva, más que centrarse en los argumentos de “flexibilistas” o “inflexibilistas”, debiésemos estar discutiendo sobre los desafíos que tenemos en los próximos 5, 10 y 15 años. La transición energética es el punto de partida de ello. Estamos en pleno proceso de descarbonización acelerada, lo que probablemente significará que al 2030 no contemos con la mayoría de las centrales a carbón que hoy producen más del 40% de la electricidad del país; también observamos una creciente penetración de renovables que requiere de un sistema eléctrico más flexible para su operación eficiente. Junto con ello, los expertos proyectan hidrologías 20% más secas a lo que históricamente ha observado nuestro sistema para los próximos años, etc. En este contexto, tenemos que pensar qué requiere el sistema eléctrico para que opere de manera segura y eficiente, y en base a ello, cuáles son las señales adecuadas que se quieren dar al mercado».

El análisis del reporte concluye que la discusión «sobre posibles modificaciones a la regulación en general o a la norma de gas inflexible en particular, debe discutirse en base a ese contexto. Esa es una pregunta que no vemos esté desarrollando la CNE, la que debiese ser la base para construir una regulación Ad hoc».