A un año de aplicación de la Ley de Servicios Básicos, más de 1,3 millones de clientes deben la luz o el agua y el monto de estos impagos supera lo US$450 millones
A raíz de la prohibición de corte de estos suministros por no pago de las cuentas durante la pandemia, las distribuidoras eléctricas acumulan más de US$200 millones por cobrar, mientras que para las sanitarias ese monto asciende a US$251 millones. Hasta ahora, del orden del 10% de los clientes que tiene deuda ha suscrito los convenios de repactación que la norma establece, mientras la senadora DC Ximena Rincón asegura que es imprescindible mantener la normativa, porque «la situación sigue siendo crítica y en muchos hogares no están en condiciones de enfrentarla».
(El Mercurio) Dentro de un mes, el 5 de mayo, expira la Ley de Servicios Básicos, norma que prohibió a las empresas proveedoras de servicios sanitarios, distribuidoras eléctricas y de gas por redes, cortar el suministro por no pago a un amplio espectro de clientes: el 60% de la población más vulnerable, adultos mayores, desempleados, y todo aquel que pueda acreditar o declarar problemas para saldar sus consumos. Esta ley surgió el año pasado para ir en ayuda de las familias que han perdido o han visto reducidos sus ingresos a causa de los estragos de la pandemia.
En los más de 12 meses de aplicación de esta normativa -que contempló las deudas contraídas con estas empresas a partir del 18 de de marzo de 2020-, ya hay un balance de cuál es el estado de situación. Se contabilizan más de 1,3 millones de clientes que deben cuentas de luz o de agua -los servicios más masivos que esta legislación considera-, y el monto de los impagos asociados a este grupo superan los US$450 millones, de acuerdo con los datos proporcionados por autoridades y la industria.
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