Una serie de observaciones realizó la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (Fenacopel) al proyecto de ley que extiende la exención de corte al consumo de energía eléctrica de recintos hospitalarios y centro de salud primaria, establecimientos educacionales subvencionados municipales y alumbrado público.

El gerente de la organización, Patricio Molina, expuso la visión del sector sobre esta iniciativa en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde señaló que la situación actual de mora que tiene los municipios en el pago de los servicios de electricidad «no es una situación generalizada».

«En 2020 la deuda osciló entre el 0,3% y 35,4% de lo facturado, y en promedio un 2,2% que es aproximadamente 118 MM$, monto relevante para las Cooperativas que además deben enfrentar los gastos por gestión de cobro (seguimiento, acciones judiciales, etc.). A lo largo del tiempo una parte muy menor de los casos ha terminado finalmente en corte de suministro», precisó el ejecutivo.

Según el representante de Fenacopel, el proyecto de ley carece de medidas de control sobre la morosidad, por lo que sostuvo que «con seguridad se afectarán a las Cooperativas e incluso a la propia comunidad».

«Puede constituirse en un incentivo perverso para los Municipios que, ante la inexistencia de la medida de corte de suministro por no pago, puedan “relajarse” en el pago asociado a los consumos de los recintos hospitalarios y centro de salud primaria, establecimientos educacionales subvencionados municipales, recintos penitenciarios y alumbrado público, incrementándose el actual problema de deuda», afirmó.

Explicó que la iniciativa debe abordar temas asociados a «sanciones para aquellos que no realicen una correcta gestión de los bienes públicos y a instrumentos que garanticen su prestación, no afectando a terceros».

Sugerencias

Ante esta situación Molina indicó que el proyecto debería revisar la gestión de los Municipios en el pago de la electricidad, además de «implementar mejoras al proceso que aseguren su continuidad, evaluar otros responsables para la gestión del suministro eléctrico, levantar si el impago del suministro eléctrico por parte de los Municipios es por mala gestión o bien por recursos insuficientes y, en ambos casos, tomar las medidas pertinentes que lo impidan., y sancionar de manera ejemplar el mal uso de recurso públicos destinados al pago del suministro eléctrico».

También planteó que se pueden establecer «instrumentos e instituciones que garanticen o bien avalen el pago del suministro eléctrico, con la finalidad de evitar su corte», junto con estipular la obligatoriedad para el Municipio de acogerse a los convenios de pago que se encuentren disponibles.

Finalmente señaló la necesidad de implementar medidas «para evitar que una mala gestión de recursos Municipales afecten a terceros que no tienen responsabilidad alguna en el no pago del suministro eléctrico».