La deuda actual de recintos hospitalarios y penitenciarios, junto a los centros de atención primaria, establecimientos educacionales y alumbrado público, a 2020, se ubicaría en torno a más de $30.000 millones, si es que se aprueba el proyecto de ley que impide el corte por no pago a estas instituciones, el cual se tramita en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.

Así lo indicó Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., durante el análisis de esta iniciativa que busca extender la exención de la medida de corte de suministros, por no pago de los servicios, a instalaciones o inmuebles de instituciones como municipios.

Efectos

De acuerdo con el representante gremial, «si bien la facultad de la suspensión por falta de pago ha sido ejercida en casos muy excepcionales y siempre evitando el impacto en la ciudadanía, sí constituye un incentivo para que los municipios mantengan sus cuentas relativamente al día, lo que de no producirse, terminará impactando el costo de la prestación del servicio».

Castillo detalló que el nivel de deuda de recintos hospitalarios y penitenciarios, a 2020, fue de $5.031 millones, mientras que en los centros de atención primaria, establecimiento educacionales y alumbrado público llegan a $25.120 millones.

«Esto significa que la deuda total de todos estos ítems superaría los $30 mil millones al incorporar los nuevos conceptos que establece este proyecto, multiplicándose por 5 los niveles actuales de deuda», explicó.

El ejecutivo planteó que el proyecto sólo «se refiere al síntoma (deudas impagas por concepto de servicios básicos)», sin hacerse cargo de «las consecuencias para el sistema eléctrico de mantener impagos estos montos; la inequidad respecto de los municipios que con esfuerzo si están al día en sus cuentas, y del hecho que la deuda no desaparece con motivo de la prohibición de corte, sino que se mantiene y aumenta en el tiempo, cada vez más difícil de enfrentar».

Observaciones

En este escenario, Castillo señaló que la asociación tiene cuatro observaciones al proyecto:

«Un tema a resolver dice relación con que la actual redacción del proyecto de ley no define plazos ni horizontes repecto de la deuda acumulable, multiplicando hasta por 5 los niveles actuales de deuda de suministro ininterrumpible».

«Existe un alto riesgo de aumento en la judicialización a partir de la deuda acumulada y no paga, en particular en materia de alumbrado público, que es el principal ítem de deuda municipal».

«Existe un riesgo también de consagrar legalmente eventuales problemas de gestión o ineficiencias que puedan estar a la base de la acumulación de deudas, y de paso eliminar la señal de equidad regulatoria que supone el riesgo de corte de suministro, puesto que el no pago del consumo realizado perjudica al sistema y, por tanto, a los usuarios del mismo».

«Actualmente el costo de incobrabilidad de deuda que establece la ley es asumido por las empresas distribuidoras, por ende, indirectamente, por los demás clientes del sistema. Sin embargo, se podría evaluar la opción de un subsidio público que pudiese cubrir parte de los requerimientos del sistema».