La Asociación de Comercializadores de Energía (ACEN) planteó que un retraso en la tramitación del proyecto de ley de portabilidad eléctrica que se revisa en el Congreso puede bloquear la competencia en el segmento de la distribución.

El gremio formuló estas declaraciones luego de que el diputado Pablo Vidal, presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, señalara a electricidad que esta iniciativa «idealmente debe retroceder en su tramitación y volver a la idea original de una reforma integral al sistema de distribución eléctrica».

Tramitación

Al respecto, el presidente de la asociación, Eduardo Andrade, señaló que «efectivamente es necesario avanzar en el tema de la calidad de servicio y generación distribuida que son las otras etapas que contempla la gran reforma a la distribución, tal como sostuvo en una entrevista concedida a ELECTRICIDAD el diputado Pablo Vidal, presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara. Sin embargo, creemos que son caminos que pueden recorrerse al mismo tiempo toda vez que son espacios regulatorios que atacan diferentes necesidades del mercado, uno la competencia y otro la seguridad y calidad del servicio».

«Retrasar la discusión del proyecto de ley de portabilidad perpetúa el actual modelo y solo favorece a las empresas distribuidoras que es el conglomerado que se beneficia de que nada cambie», afirmó.

No avanzar en el proyecto, de acuerdo al representante del gremio, en función de que no reforme el sector completo, «es un obstáculo a la competencia y un soporte a precios elevados de la energía. Progresar en paralelo con los otros proyectos que apuntan a reformar el sector de distribución, sin detener el que introduce la comercialización, permitiría alcanzar de mejor manera, y en forma más eficiente, el objetivo final de disminuir los costos de electricidad».

La Asociación también destacó la relevancia que le dio el diputado Vidal al derecho de elegir a los clientes cuál es la empresa que comercializa su energía. «Este aspecto es significativo ya que rescata la creación de la figura del comercializador, la introducción de competencia y la necesidad que se legisle respecto a este cuarto segmento del sector eléctrico. De hecho, ACEN, desde su creación en 2019, ha planteado la necesidad de regularizar una figura que de facto participa desde hace varios años en la industria eléctrica».

En ese contexto, el presidente del gremio recalcó que lo importante «es que el cliente pueda elegir: quedarse en la tarifa regulada, migrar a cliente libre o inclusive implementar proyectos Netbilling. Todo lo anterior son formas de competencia, sin embargo, hoy los clientes no tienen la opción de elegir”.

Andrade indicó que «el derecho a elegir también implicará menores precios desde ya a las Pymes y mayor oferta de otros servicios distintos a la calidad técnica. Tal como ha propuesto desde hace algún tiempo nuestra Asociación, ir reduciendo en forma paulatina el nivel de potencia conectada, que en la actualidad está fijado en 500 kilowatts, permitiría a las medianas y pequeñas empresas disminuir en más de un 20% su gasto en la cuenta de electricidad y dinamizar la alicaída economía para este sector derivada de la pandemia, y que en unos años más este beneficio alcance al cliente residencial. No parece del todo correcto y sensato que solo un grupo reducido de empresas (clientes sobre 500 kW), puedan acceder al mercado de clientes libres y que se prive a las Pymes de este mercado, sobre todo con las condiciones de precios actuales».