La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 100 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones, el informe de la comisión investigadora sobre actos del Gobierno relacionados con el alza en las cuentas del servicio domiciliario de energía eléctrica durante la pandemia del Covid-19.

El diputado informante, Jorge Sabag (DC), dijo que la situación vivida por muchas familias vulnerables “ha sido muy complicada”, señalando que el reglamento de la ley eléctrica permitió a las empresas realizar facturaciones de manera provisoria en base al promedio de los últimos seis meses.

“Al no poder realizarlo presencialmente fue perjudicial para varias personas, ya que muchas compañías omitieron el gasto del transporte y lo acumularon en una sola cuenta. La idea es evitar una situación similar en el futuro y, por eso, esperamos la ayuda por medio de subsidios escalonados”, especificó.

El legislador destacó que el informe realiza una serie de conclusiones y propuestas. En cuanto a las primeras, da cuenta que la suspensión de las lecturas de medidores y reparto de boletas en terreno por parte de las empresas distribuidoras fue una medida desprolija, pues la facturación provisoria se realizó de una manera tal que ella no consideró, debiendo hacerlo, las particularidades de su aplicación en un contexto de pandemia y crisis económica.

Teniendo en cuenta aquello “se generó una afectación indebida e innecesaria a los usuarios finales, lo que resulta especialmente grave en un contexto de estrechez económica e incertidumbre para las familias como consecuencia de la pandemia”, señala el texto.

En cuanto a propuestas, se indica que, “para evitar que errores en la facturación provisoria vuelvan a perjudicar a los clientes regulados, en caso de producirse un rebrote del coronavirus que impida tomar lecturas en algunas comunidades, regiones o comunas, se sugiere perfeccionar este sistema, estimando el consumo, por ejemplo, en base al del mismo mes del año anterior”.

En la Sala, las y los diputados respaldaron el trabajo de la instancia. Algunos dirigieron su crítica al Gobierno por su nulo apoyo en esta y otras materias en el marco de la pandemia, al tiempo que se resaltó que hubo una pésima atención de las compañías.

Asimismo, otros destacaron que nadie podía saber las consecuencias de la pandemia y que, en ese contexto, las empresas tomaron resguardos para realizar los cobros por el consumo, pero, claramente, de manera desprolija, afectando con ello a los consumidores que vieron aumentadas sus cuentas con montos excesivos.

Conclusiones

El informe de la comisión investigadora detalla cada uno de los problemas que enfrentaron los clientes, tanto comerciales como residenciales, durante la pandemia en diversas regiones del país, respecto a los cobros en sus cuentas de la luz, y plantea las siguientes conclusiones:

– Que desde la publicación de la Ley 21.185 (2 nov. 2019), que creó un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas, estas se encuentran fijas y, por tanto, no ha existido una variación imputable a ellas que haya tenido efectos en las boletas de los clientes.

– La suspensión de las lecturas de medidores y reparto de boletas en terreno por parte de las empresas distribuidoras fue una medida desprolija, pues la facturación provisoria se realizó de una manera tal que ella no consideró, debiendo hacerlo, las particularidades de su aplicación en un contexto de pandemia y crisis económica. De este modo, se generó una afectación indebida e innecesaria a los usuarios finales, lo que resulta especialmente grave en un contexto de estrechez económica e incertidumbre para las familias como consecuencia de la pandemia.

– El procedimiento de facturación provisoria ha provocado distorsiones en las cuentas de la luz. Los aumentos de facturación registrados se deben a reliquidaciones entre la facturación estimada y la real, siendo esta última mayor, debido a los confinamientos y a la acumulación del costo de transmisión.

– A lo anterior se suma que, al determinar el saldo por pagar entre la lectura real y la facturación provisoria, se dividió el saldo en dos meses, en vez de los cuatro meses que se debieron considerar. En muchos casos, la acumulación significó el exceder el cobro de invierno de los meses de junio y julio, período en el que se aplicó la tarifa de invierno.

– Si bien la Superintendencia realizó una labor de fiscalización, debió ser más diligente y proactiva en anticipar instrucciones para la correcta aplicación de la facturación provisoria, antes de que los problemas derivados de ella fuesen masivos, estableciéndose que la detección de los problemas en el cobro de las boletas fue producto o consecuencia de los reclamos efectuados por los propios clientes o usuarios, aún cuando la SEC tenía conocimiento de la aplicación del sistema de facturación provisoria.

Propuestas

En cuanto a las propuestas se consideran los siguientes aspectos:

– Para evitar que errores en la facturación provisoria vuelvan a perjudicar a los clientes regulados en caso de producirse un rebrote del coronavirus que impida tomar lecturas en algunas comunidades, regiones o comunas, se sugiere perfeccionar este sistema, estimando el consumo, por ejemplo, en base al del mismo mes del año anterior.

– Solicitar al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley de fortalecimiento de la SEC, especialmente en relación con las facultades que se le confieren para impartir órdenes e instrucciones a las empresas distribuidoras de electricidad respecto de criterios y metodologías para resolver reclamos y ordenar que, no obstante que la resolución de un reclamo corresponda a un caso particular, lo resuelto se ejecute y aplique por la empresa reclamada para todos los casos que cumplan las mismas condiciones o características.

– Solicitar al Presidente que en el contexto de la tramitación de la reforma integral al sistema de distribución eléctrico se consideren las conclusiones y propuestas de la comisión, en materia de facturación e información para los clientes, en particular en situaciones excepcionales como la pandemia, y la portabilidad eléctrica, entre otras.

– Facilitar y acelerar el proceso de firma de convenios celebrados entre municipalidades y la Superintendencia para hacer más accesible la presentación de reclamos.

– Solicitar al Presidente de la República una propuesta legislativa de subsidio escalonado al consumo eléctrico y que, además, se considere el prorrateo que se establece en la Ley de Servicios Básicos por 12 meses de manera automática, a menos que el cliente manifieste su voluntad de pago inmediato de la cuenta de electricidad.