La Asociación de Municipios Libres planteó una serie de propuestas para modificar algunos aspectos del proyecto de ley de portabilidad eléctrica que crea la figura del Comercializador y del Gestor de la Información, entre otros puntos, señalando que este último actor debería ser un servicio público o una corporación de derecho público, en vez de una entidad privada.

Mauro Tamayo, presidente de la organización, expuso este tema en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde se tramita esta iniciativa legal, la cual es la primera de tres proyectos que el gobierno enviará al Congreso para la reforma al segmento de la distribución eléctrica.

Análisis

Según Tamayo, la Asociación considera que la reforma es positiva, precisando que la figura del comercializador, la separación de roles y la apertura al régimen libre de todos los usuarios, “son iniciativas que podrían generar una baja en los precios de la cuentas de electricidad”.

“La flexibilización de las licitaciones y el acceso universal al régimen libre de clientes pequeños y medianos, resguardando la cobertura de energía para todos los clientes pequeños independiente de su régimen, puede generar un riesgo puesto que si la demanda regulada es inferior a la energía de los contratos, generará un cargo adicional a aquellos usuarios pequeños y medianos independiente del régimen contratado”, indicó el dirigente, quien también es alcalde de Cerro Navia.

El análisis de la Asociación expuesto ante los diputados sostuvo que los municipios que forman parte de ella consideran que la reforma a la distribución debe promover la competencia, a través del ingreso de nuevos actores con el objetivo de disminuir los precios en las cuentas de electricidad para los clientes regulados.

“En el escenario de generar una disminución de precios, se estima que esos resultados no se verían reflejados previo al año 2025, por lo que el actual problema del costo de la energía eléctrica que pagan nuestros vecinos no estaría siendo abordado mediante este proyecto de ley”, aseguró Tamayo.

“Proponemos que la regulación de precios del sector eléctrico incluya regulaciones especiales en servicios públicos otorgados a la comunidad, específicamente el alumbrado público. El costo del servicio es soportado por todos los municipios a lo largo del país, llevando una carga financiera y donde hasta hace muy poco sólo se permitía el pago como cliente regulado. Actualmente, y mediante la gestión de nuestra Asociación, se presenta la oportunidad de optar al régimen libre; pero no exime de pagos y cargos del servicio por hora punta, el que es una limitante al momento de evaluar un cambio de régimen”, concluyó.