Los cambios regulatorios al Código de Aguas todavía preocupan a la industria mini hidro, especialmente en algunos aspectos que podrían provocar varias dificultades al desarrollo de estos proyectos, razón por la cual Matías Desmadryl, socio de Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia, cree que esta discusión podría ser zanjada en el Tribunal Constitucional.

El abogado señala a ELECTRICIDAD que este es el principal factor de incertidumbre que vive la industria, lo que afecta al desarrollo de futuros proyectos, en un sector que cuenta actualmente con más de 600 MW de capacidad instalada en el Sistema Eléctrico Nacional.

Incertidumbre

¿Cómo está viendo la situación actual del sector mini hidro en la matriz energética local?

El sector ha sido un aporte fundamental en la matriz de energías renovables y a la fecha registra más de 130 centrales en funcionamiento, con un rango entre 0,1 a 20 MW. Las empresas que pertenecen a la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec) tiene un total de 654 MW al sistema eléctrico local.

¿Qué proyecciones aprecia a futuro para la industria?

Indudablemente, con el tipo de modificaciones que se está viendo ahora, particularmente en el Código de Aguas, se genera un alto grado de incertidumbre, porque los proyectos mini hidro toman un tiempo considerable de desarrollo y, de cara a las restricciones, limitaciones y eventualmente a las pérdidas por derechos de aprovechamiento de agua por el no uso, esto introduce otra dificultad al desarrollo. Si se despejaran estos problemas, el sector podría continuar desarrollando proyectos que son financieramente viables.

¿Cuáles son los aspectos específicos de los cambios regulatorios que preocupan al sector?

Son varios problemas. Primero, hay que distinguir las características que van a tener los derechos de aprovechamiento de aguas, respecto a los derechos antiguos, donde los derechos nuevos van a tener un plazo de duración de 30 años, y los no consultivos, que son los que se utilizan para la generación eléctrica, tendrán un piso de 20 años para adelante. Ahí está la principal discusión que se está dando, en la renovación de los derechos de aprovechamiento de agua y la posibilidad de perderlos, cuando a ojos de la Ley no estén siendo utilizados, por no contar con obras construidas y recepcionadas por parte de la autoridad. En este sentido, un permiso para una central hidroeléctrica puede tomar de 8 a 10 años, por lo que un derecho de uso de agua de 30 años perfectamente puede consumir un tercio en tramitación de los permisos.

A su juicio, ¿qué otros cambios pueden provocar dificultades? 

Hay otros que tienen que ver en la manera en que se van a aprovechar los derechos de agua, en que no hay criterios objetivos, sino que genéricos, para la renovación de estos, apuntando a la sustentabilidad, por lo que hay una incertidumbre sobre cuál será el fundamento que la autoridad utilizará para darle la renovación a estos derechos.  Se introducen varios cambios que no tienen mucha claridad en la norma, que abren espacios a la discrecionalidad y que hoy día están significando reparos de constitucionalidad.

Otro de los cambios tiene que ver con las patentes y con la pérdida o caducidad de los derechos de agua, donde el proyecto incrementa y no le pone límite de tiempo a las patentes, por lo que se hará más costoso la tenencia de los derechos de agua, para el sector hidroeléctrico que desarrolla proyectos. El proyecto señala que, a pesar del pago de la patente, transcurrido cierto plazo, el derecho igualmente se va a perder. Lo que se está discutiendo es que se está sancionando, gravando, con una doble carga, lo que es inconstitucional. Por su parte, la caducidad de los derechos de agua, cuando no son inscritos en ciertos plazos, lo que va a traer es la pérdida nada menos de la propiedad.

¿Cree que hay espacio para revertir estos cambios en la tramitación legislativa?

Como se ha visto la tramitación, no se ha visto una expectativa de que las cosas vayan a cambiar, entonces creo que esto se terminará corrigiendo definitivamente en el Tribunal Constitucional. Otras discusiones, que son de mérito y no de fondo, pueden ser discutidas nuevamente a la Cámara de Diputados, por los cambios hechos en el Senado, así que todavía queda discusión en torno al proyecto.