(La Tercera-Pulso) Desde el año pasado que la industria eléctrica ha tenido importantes cambios tanto administrativos como regulatorios; modificaciones que van desde el cambio de la normativa de los pequeños medios de generación al congelamiento de la tarifa eléctrica por la crisis social de octubre pasado, e incluso la ley de servicios básicos impulsada por la crisis actual.

Frente a ello, el sector ha tenido que amoldarse al nuevo escenario y desafíos que, por lo demás, van de la mano con la transformación hacia una matriz limpia y rica en recursos renovables. Ante esto, el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), Carlos Finat, asegura que las inversiones que se están llevando a cabo no se han visto afectadas. “Los proyectos que estaban previstos no han tenido efecto por la pandemia, eso ha sido muy notable en esta industria. Uno podría haber pensado que hubiese habido una detención y todo lo que estaba avisado en construcción se está construyendo”, señala.

Sin embargo, Finat tiene una mirada crítica con las diversas modificaciones que ha tenido el sector, manifestando que “la industria lo que pide son reglas conocidas, justificadas técnicamente y estables en el tiempo. Las señales como la ley de servicios básicos meten ruido, preferiríamos que no pasaran”.

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En esa línea, el máximo ejecutivo del gremio añade que este es un sector que está pasando por cambios potentes, refiriéndose a pasar de la generación convencional a un concepto de generación más distribuida, de muchos participantes en el mercado y de diversidad tecnológica. “Eso lo sabemos y lo podemos manejar, pero lo que nos preocupa, es que ciertas medidas políticas, como el tema de la ley de servicios básicos, terminen rebotando en costos no previstos para empresas que están sometidas a un mercado altamente competitivo”, enfatiza.

En la discusión sobre el cambio en la política de precios de los pequeños medios de generación, Acera fue desde un inicio de los actores más activos, oponiéndose a la idea del gobierno de ejecutar una nueva normativa, pues traería importantes efectos negativos para los participantes, dicen. Pese a que la iniciativa ya se decidió concretar, aún se encuentra en la Contraloría.

“El interés del sector de tener las reglas claras y establecidas, obviamente nos hace estar pendientes permanentemente de cuál va a ser la fecha en la cual la Contraloría lo tramite. Por lo tanto, estas idas y vueltas retrasan la aplicación de un decreto que vendría a traer una nueva modalidad hacia el sector. Y con la vigencia se permite planificar ciertas cosas que hoy se ven complejas de planificar”, manifiesta.

Así, agrega que eso genera ruido, por lo que como gremio prefieren que ese tema ya estuviera cerrado. “Al no haber plazos predecibles y que estos plazos se extiendan más allá de lo esperado, se comienza a generar una sensación de pérdida de certeza. No podemos decir que hoy en Chile exista incertidumbre jurídica, pero creemos que hay que ser cuidadosos en no perder el prestigio que nos hemos ganado. Un decreto como este, que lleva un trámite larguísimo ante la Contraloría, es difícil explicar cuáles son las razones cuando un inversionista te pregunta por la fecha de entrada de vigencia de esto”, resalta.