(El Mercurio) En los nueve meses transcurridos desde el inicio del estallido social, el Gobierno ha intervenido el sector eléctrico en cuatro ocasiones para impedir alzas en las cuentas de luz de los usuarios residenciales, que corresponden a la mayor parte de los denominados clientes regulados, segmento que en la actualidad explica del orden del 50% del consumo de electricidad del país.

Por distintos motivos, las tarifas eléctricas venían en una escalada que la autoridad salió a contener. Primero, en octubre, el Ministerio de Energía, activó el mecanismo que congeló el precio que las generadoras cobran -con el famoso mecanismo de estabilización por US$1.350 millones-, factor que representa el 70% de la cuenta final y cuyas alzas no daban tregua. Después, en noviembre, vino la Ley Corta, que redujo la rentabilidad de las distribuidoras, medida que tiene efecto sobre el 20% de la boleta.

Y en diciembre, fue el turno de la transmisión, que representa el 10% de la boleta mensual, cuyas tarifas también fueron congeladas paras impedir un reajuste previsto para enero de este año. Este último incremento es producto de la aplicación de la reforma de la ley de Transmisión que en 2016 impulsó el exministro de Energía, Máximo Pacheco.

Además de recortar la tasa de rentabilidad de las transmisoras, este ajuste legal estableció que los usuarios -libres y regulados- pagarán el 100% de la inversión que se efectúe en las redes eléctricas. Antes del cambio, los clientes asumían el 20% de estos cargos y las generadoras el 80% restante.  Aunque la reforma determinó que este traspaso de cargo de las generadoras a los clientes sería paulatino entre los años 2020 y 2034, también consideró un sistema transitorio que permitiría acelerar esta transición, siempre y cuando las generadoras bajaran el precio de la energía. O sea, para que se traspasara el cargo de transmisión en forma inmediata, el cliente debía poder pagar menos por la energía, de modo que se compensaran ambas situaciones en la cuenta final.

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