Debido a la crisis sanitaria y los efectos en la logística y traslado de las empresas distribuidoras, durante el mes de marzo cerca de 17% de las boletas de electricidad fueron calculadas con un valor promedio de consumo de los últimos seis meses, por dificultades para tomar el registro de los medidores.

Así lo señaló Luis Ávila, superintendente de Electricidad y Combustibles en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde, junto a representantes del Ministerio de Energía, y de la Asociación de Empresas Eléctricas, se analizaron las razones por las que las cuentas de electricidad, de clientes regulados y libres, experimentaron un aumento entre abril y mayo.

De acuerdo a lo señalado por la autoridad, el mecanismo de la facturación provisoria, que está establecido en la norma vigente (decreto 327), superó el 50% durante abril.

Si bien a nivel país esta cifra se ha recuperado, en Santiago el escenario ha sido más complejo debido a las medidas para evitar la propagación del virus, que han limitado las posibilidades de traslado, por lo que, durante mayo, aún se emitieron boletas con tarifas aproximadas.

Frente a este escenario, el superintendente señaló que es importante que esto no signifique nunca que se le cobre de más al cliente. Explicó que podría ser que a alguien se le estime un pago por sobre lo habitual, “pero cuando se lea ese pago, si es que lo hizo, queda en la cuenta del cliente. Y si no va usar el servicio producto de la pandemia, corresponde que la empresa busque la forma de devolver el dinero al cliente”.

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Distribuidoras

La compañía no va a cobrar ni un solo peso de consumo que no haya sido efectivamente realizado”, señaló Iván Quezada, gerente general de CGE, durante su intervención en la instancia. Aseguró que sobre el 99% el cálculo estaría bien hecho.

“Puede haber situaciones puntuales y que, evidentemente, siempre hemos estado abiertos a revisarlo y si, efectivamente hay un error, eso se corrige, pues es una obligación”, agregó el ejecutivo.

Quezada señaló la situación de las empresas a las que, durante el primer mes, se les calculó su pago sobre la base del promedio, a pesar de que muchas de ellas no estaban funcionando o lo hacían en menor intensidad. Frente a eso, explicó que la cuenta del mes siguiente bajó a $0.

Durante su exposición en la Comisión, Iván Quezada sostuvo también que se ha triplicado el número de ejecutivos disponibles para dar respuesta a las consultas de la ciudadanía frente a este nuevo escenario.

Este punto fue uno de los criticados por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) y también por la SEC, donde se expuso que existen cerca de 11 mil reclamos por facturación, casi 10 veces lo que recibe la Superintendencia en un tiempo normal, lo que ha significado casi triplicar el equipo que recibe estas denuncias porque las compañías no han sido capaces de capturar.

De acuerdo a lo señalado por el superintendente, de 40 mil personas que solicitan hablar con un ejecutivo de las empresas, solo la mitad lo logra, por lo que se solicita reforzar los centros de recepción de llamados y generar un plan de difusión con campañas de comunicaciones proactivas de parte de las empresas para entregar al cliente la información que requiere para hacer los procesos.