El año pasado la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) registró un aumento de 20% en las fiscalizaciones anuales, con 2.500 expedientes iniciados, mientras que los controles relacionados con planes de descontaminación y resoluciones de calificación ambiental aumentaron en un 26% y un 17%, respectivamente,según informó el superintendente Cristóbal de la Maza, durante la Cuenta Pública Participativa del organismo.

La autoridad señaló también que, en materia de procedimientos sancionatorios, se aprobaron 125 programas de cumplimiento, con un aumento de 65% respecto a 2018, los cuales contemplan la inversión de más de $64.000 millones. También se formularon más de 280 cargos, un 70% por sobre el 2018, y se aplicaron multas por casi US$2 millones.

Fortalecimiento

El superintendente indicó que entre 2013 y 2019 ingresaron más de 11.000 denuncias a la SMA. Un 66% de ellas corresponde a ruidos, un 15% a olores molestos, 10% a contaminación del aire, 4% a contaminación de agua y 5% por efectos de la disposición final de residuos”.

“En la historia de la SMA se han abierto cerca de 40.000 expedientes de fiscalización originados por tres vías: denuncias, actividades preventivas programadas o de oficio. Del total de expedientes, 25.000 se encuentran terminados a la fecha”, sostuvo.

Las investigaciones se han focalizado en infracciones a normas de emisión (NE) con un 80% del total, seguido por planes de descontaminación (PDA) con un 10% y resoluciones de calificación ambiental (RCA) con un 5%.

Covid-19

Según de la Maza, con la llegada del Covid-19, si bien han dificultado las fiscalizaciones en terreno, “se han programado un 100% más de actividades de fiscalización preventiva de resolución de calificación ambiental que el 2019, además del reforzamiento de inspecciones durante episodios críticos de contaminación”.

Respecto a lo último, y teniendo en cuenta el uso de leña y artefactos para la calefacción durante el periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC) que rige para los Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA), de la Maza dijo que se dará prioridad a la fiscalización de cuatro prohibiciones: venta de leña húmeda, uso de artefactos a leña en el comercio, humos visibles y funcionamiento de fuentes fijas.

Para esto la ayuda de la tecnología ha sido primordial, como el uso de drones, además de la colaboración de instituciones como CONAF, Carabineros de Chile y Ministerios de Salud, Energía y Medio Ambiente.

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Desafíos 2020-2022

Los lineamientos estratégicos fijados por el superintendente tendrán un enfoque ciudadano y territorial: “En primer lugar, debemos darle un servicio oportuno a la comunidad. Nuestra institución es la vía de acceso a la justicia ambiental y debe ser lo más expedita posible. En segundo lugar, debemos mantener como norte mejorar la calidad ambiental del territorio y ser eficaces en revertir los procesos de degradación de nuestros ecosistemas”.

En materia de mejoras anunció medidas orientadas a reducir sustancialmente el tiempo de desarrollo de los procedimientos sancionatorios. “Medidas de estandarización de procedimientos sancionatorios y uso de vías alternativas nos permitirán acortar sustancialmente el tiempo de desarrollo de procedimientos sancionatorios, y eliminar el volumen de expedientes de fiscalización que se encuentra esperando trámite durante el próximo año” afirmó.

Otra línea de acción a implementar será la modernización de la gestión institucional, orientada a multiplicar el accionar de la SMA y generar vínculos de confianza con la ciudadanía.

“Debemos mantener la protección de la población como prioridad, y darle un servicio oportuno, mejorando la capacidad de nuestras respuestas y simplificando los procesos para la ciudadanía”, sostuvo.

Además, el superintendente anunció que en los próximos días entrará en funcionamiento el nuevo sistema de denuncias en línea que permitirá mejorar sustancialmente el actual proceso, y cuyo desafío de cara al año 2021 es que el 100% de los trámites que hoy se realizan sólo en la SMA sean también de manera digital.