(El Mercurio) En un poco más de un mes, Juan Carlos Jobet cumplirá su primer año como ministro de Energía, luego de que en junio pasado asumiera en reemplazo de la exministra Susana Jiménez.

En su balance, dice que si bien el tiempo ha pasado volando, destaca que se han cerrado varios frentes, como el de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), la ley corta, el contrato de El Campesino y la estabilización de precios de la energía.

El último desafío que tuvo que abordar fue el de los beneficios para los clientes afectados por los efectos de la pandemia. Si bien el objetivo principal es el 40% más vulnerable, Jobet asegura que todas las personas que requieran ayuda la obtendrán y que hasta la fecha, se acumulan más de 80 mil familias.

En cuanto a los proyectos que persiguen el mismo objetivo en el Congreso, Jobet reconoce que a estado monitoreando el avance de la crisis para agregar nuevas facilidades, como lo fue, por ejemplo, la inclusión del servicio de gas domiciliario, el que no estaba considerado en el plan inicial.

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Aunque responde que no se buscó la gratuidad del servicio, porque, a su juicio, no se puede hipotecar el futuro de la industria, además de que las empresas requieren liquidez, para seguir funcionando y pagar a sus trabajadores.

“Es importante que quienes puedan pagar, sigan pagando, necesitamos que las compañías que prestan estos servicios mantengan la continuidad del suministro”, dice la autoridad, apuntando a que esos recursos sirven también para nuevas inversiones y para mantener la cadena de pagos en la industria.

Es justamente este último punto el que ha encendido las alertas en parte del sector, ante las dificultades que se podrían producir -sobre todo para empresas de menor tamaño-, por lo problemas en la recaudación de los pagos.

Es por esto que desde el ministerio activaron contactos con el Banco Interamericano de Desarrollo para gestionar instrumentos financieros por más de US$1.500 millones a lo que las firmas podrán acceder.

“Ahí tuvimos un rol muy importante que es acticular, el BID tiene capacidad de financiamiento que no es ilimitada, entonces haber tomado contacto temprano ayudó a que esos recursos estén disponibles para el sector. A veces esas herramientas requieren cierta claridad para saber cuáles son las normas que las rigen, entonces estamos en contacto permanente”, dice el ministro.

Estos dineros también tienen como objetivo hacer frente al fondo de estabilización de la energía, que permitirá que las cuentas no reflejen el alza del dólar. Respecto a esto último, el ministro garantizó que aunque la divisa siga en los niveles actuales, sus cálculos apuntan a que el fondo alcance hasta el primer semestre de 2021.

“Era imposible prever en noviembre lo que iba a pasar con el coronavirus y el efecto en los mercados. El nivel del dólar es determinante para ver cuándo ese límite de US$1.350 millones se va a cumplir, pero con el dólar a $850  -y hoy está más cerca de los $830-, el fondo alcanza para todo este año y probablemente la primera mitad del próximo. Estamos monitoreando eso para prever y diseñar soluciones para la eventualidad de que se alcance ese límite, pero no es algo que tengamos que resolver aún”, asegura.

Agenda Legislativa

Otro de los efectos de la pandemia ha sido el retraso de diversos proyectos de ley que tenía en marcha el ministerio, como el de la leña, el de eficiencia energética, o la ley larga, iniciativa esperada hace años, que viene a reformar la distribución de la energía. Jobet explica que el articulado está listo, y que están esperando la ventana adecuada para iniciar su discusión en la Cámara de Diputados.

“Es importante partir luego, pero más importante es partir bien. Esta ley va a permitir que la modernización del sistema eléctrico llegue a los hogares, permitirá elegir quién es el proveedor de la electricidad, y se abrirá el mercado para que entren distintos actores. Además, vamos a generar las condiciones para que toda la venta de otros servicios asociados, también se abra”, afirma el ministro.