(La Tercera-Pulso) Un nulo avance ha tenido el proceso que tiene a los pescadores de la bahía de Quintero en conversaciones con las 11 empresas que operan en la zona llamada de sacrificio y que ha sido víctima de varios escenarios de contaminación. Se trata del proceso que el Tribunal Ambiental de Santiago acogió el año 2016, donde también están participando el Ministerio del Medio Ambiente y el Consejo de Defensa del Estado.

De hecho, son estos dos organismos los que han dilatado la potencial conciliación a la que se ha estado apelando en las últimas sesiones. Así se consigna en el acta de la última sesión que se realizó en febrero -la citada para fines de marzo se suspendió por el coronavirus-, en la que se plantea que la justificación de los organismos del Estado es que algunas de las peticiones de los demandantes van más allá de las facultades que en este caso tiene el ministerio que dirige Carolina Schmidt y pide un prórroga para entregar más detalles sobre las acciones que puede realizar, pero las partes y también las empresas solicitan que el organismo sea más preciso en las facultades que tiene.

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“Lo que se ha escuchado del ministerio es insuficiente. Afirma que esto va más allá de la gestión del Estado en la bahía. Señala que es la última oportunidad para que el Estado se haga cargo del problema. Lo entendemos como una decisión política de no querer continuar. No sé si tiene sentido la prórroga solicitada ya que opinar sobre gobernanza no es suficiente. Sin el Estado, el proceso de conciliación no tiene mucho sentido”, señala la abogada de la demandante, Cristina Lux Acuña, según consta en el registro de la audiencia de febrero pasado.

Los demandantes reclaman que se reconozca y repare el daño ambiental del que han sido víctimas, “daño que ha sido ocasionado por la contaminación de las bahías de Quintero y Ventanas que se produce desde hace más de 50 años por el ejercicio irresponsable de la actividad económica de las industrias en el Complejo Industrial Ventanas, así como por el actuar negligente y omisivo del Estado al aprobar indiscriminadamente los proyectos ahí emplazados, fiscalizarlos escasa e ineficazmente y no actualizar oportunamente las normas, políticas y demás instrumentos de gestión ambiental que podrían haber evitado o al menos disminuir significativamente la contaminación que estas empresas han emitido y siguen emitiendo”.