(La Tercera-Pulso) En la tarde del martes, la Cámara de Diputados planeaba votar un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria que busca suspender el pago de cuentas de luz, agua, gas, telefonía e internet para hacer frente a la emergencia sanitaria y económica que vive el país. Pero, a diferencia del anuncio hecho por el gobierno la semana pasada -tras un acuerdo que involucró a empresas de luz, agua y telefonía- en este caso se incorpora además el gas por cañería.

La iniciativa no cuenta con el respaldo del gobierno, desde donde indican que el tema quedó zanjado con los acuerdos alcanzados la semana pasada con las propias empresas en que se beneficiará al 40% más vulnerable, a diferencia del de los parlamentarios que busca abarcar el 100%, hogares y empresas.

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El avance de esta iniciativa preocupa a varias empresas del sector privado y también en el Ejecutivo. De hecho, fuentes de gobierno advierten que esta iniciativa arriesga la solvencia de las empresas de servicios básicos, especialmente las cooperativas, que tienen un número acotado de clientes y que no cuentan con las espaldas suficientes para solventar un congelamiento de su recaudación.

La Federación de Cooperativas Eléctricas (Fenacopel), que agrupa a empresas que atienden a zonas rurales o aisladas, aseguró a través de un comunicado que, si esta ley entrara en vigencia, las cooperativas podrían incluso quebrar.

“Una ley que otorgue este beneficio en forma universal a todos los usuarios, además de que no se justifica para los que pueden pagar, hará quebrar a las cooperativas y pondrá en riesgo el suministro a 160.000 familias. No nos hace sentido que usuarios que tengan capacidad de pago aprovechen esta situación, en desmedro de otros que sí necesitan apoyo. Al mismo tiempo es importante hacer un llamado a aquellos socios y usuarios que pueden hacerlo, que sigan pagando el suministro eléctrico”, aseguró la Federación.