(El Mercurio) El Gobierno busca que las facilidades de pago que las empresas eléctricas han estado anunciando para beneficiar a parte de sus clientes -como fue el caso de Enel y Saesa ayer y de CGE el martes- se hagan extensivas al menos al 25% de los clientes del país.

Esto involucra a más de 1,6 millones de clientes que podrían acceder a repactación, postergación y mantención del suministro en caso de no pago. En el sector comentan que esa fue la propuesta de la autoridad en las conversaciones con las empresas. Esto, dicen, ante la dificultad de establecer un criterio estándar para definir a los grupos vulnerables.

El problema que enfrenta la autoridad es que las distribuidoras eléctricas están aplicando las medidas de apoyo siguiendo criterios distintos, y si bien CGE y Saesa informaron que al 23% (680 mil) y 29% (250 mil) de sus clientes respectivamente, Enel comunicó ayer que sus medidas apuntarán al 40% de la población más vulnerable, pero sin definir un número, lo mismo que Chilquinta, que al cierre de esta edición aún no entregaba una fórmula de apoyo.

Trascendió que en primera instancia la industria se habría manifestado dispuesta a incluir al 15% de los clientes en las facilidades, que en el grueso implica prorratear las cuentas de los próximos meses en períodos que varían dependiendo de cada caso.

Para el Gobierno es clave que ante el impacto de esta crisis tendrá sobre el empleo sean las concesionarias las que activen acciones de apoyo. Esto, ya que si bien la normativa del sector eléctrico considera la entrega de subsidios ante alzas importantes en el precio de la energía -los que podrían haberse adaptado a un escenario de catástrofe como el actual-, la presión que ya existe sobre los recursos fiscales anularía dicha posibilidad, según fuentes del Ejecutivo.

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