(Bío-Bío) Luego de casi dos años desde su nombramiento, Guillermo Pattillo dejó la dirección del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en una gestión marcada por dos errores en la entrega del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Primero fue el IPC de mayo de 2019, donde el director acusó indicios de manipulación y se abrió un sumario que aún no tiene resultados, y luego la contabilización errada del costo de la electricidad en la cifra de enero recién pasado.

Producto de este último caso, ayer martes el ministro de Economía, Lucas Palacios, confirmó que el Gobierno aceptó la renuncia de Pattillo.

El secretario de Estado, sin embargo, evitó hacer una autocrítica y señaló que el Ejecutivo siempre ha sido proactivo para corregir y dar a conocer los errores.

En cambio, señaló que con la salida del ahora exdirector se entregó una señal contundente y fundamental para recuperar la confianza en la institución, y ahora enfocarán todos sus esfuerzos en modernizarla, poniendo suma urgencia al proyecto que ya está en la Comisión de Hacienda del Senado.

“Tienen que existir señales contundentes para que las instituciones cuenten con la confianza de todos los chilenos. Entonces no se trata de barrer la basura debajo de la alfombra, se trata de mostrarla y generar acciones concretas para poder solucionar los problemas. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo que va a incorporar este proyecto de ley es mejorar el estándar, le va a entregar absoluta autonomía técnica, va a modernizar en parte los procesos que ya se han venido modernizando, pero falta mucho”, admitió.

Reformas que, según expertos, debieran apuntar a entregarle mayor autonomía al instituto estadístico, por ejemplo, de forma similar al Banco Central.

En ese sentido, el economista de Chile 21, Eugenio Rivera, recalcó que también es necesario un trabajo de formación a largo plazo para sus funcionarios, en un contacto más directo con universidades e instituciones similares de países desarrollados.

“Instituciones que toman decisiones políticas no tienen que ser autónomas del Gobierno, yo pienso que esta -que entrega la información básica para la toma de decisiones- debería serlo. Esa es una primera reforma: un gobierno corporativo distinto. Una segunda reforma: es fundamental desarrollar una política de formación y desarrollo profesional de los cuadros técnicos que trabajan en el INE”, precisó.

Por su parte, el académico de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, planteó que una medida para disminuir los errores podría ser la digitalización de los servicios, además de un consejo externo que revise las cifras emanadas por el directorio, sea este autónomo o estatal.

“Perfectamente se podría incorporar un software mejor que el que existe para evitar manipulación de datos por parte de las personas. Podría calcularse solo y hoy día la tecnología existe para ello. Lo importante sería que hubiera un organismo paralelo de revisión, independiente del INE, para evitar precisamente cualquier perjuicio o ruido al respecto, que valide la información”, afirmó.

En tanto, al interior de la Comisión de Hacienda del Senado -donde actualmente está este proyecto, en segundo trámite constitucional, luego de 5 años de tramitación en el Congreso- el representante de la UDI, Juan Antonio Coloma, espera que con los hechos recientes se respete la urgencia en la tramitación.

Sin embargo, advirtió que hay diferencias sustantivas que ya se han manifestado en su discusión, que “tienen que ver con la cantidad de recursos necesarios para esta modernización, con el grado de autonomía que debe existir también en este organismo y tiene que ver también con el grado de acceso a la información de otros organismos públicos, donde hay una discusión legítima de si este debe ser el gran elemento centralizador de datos del Estado o tiene un rol diferente”.

En marzo, el Ejecutivo ingresará sus indicaciones al proyecto de ley que moderniza el INE, extraídas en parte de las recomendaciones encargadas a la denominada comisión Claro, conformada en mayo de 2019.

Según adelantó el ministro Palacios, estas se centran en dos aspectos: la creación de un Consejo Estadístico que revise las cifras entregadas por el directorio, y que además haga recomendaciones en los nombramientos directivos.

“El mejor censo de la historia”

En ese contexto, la situación evoca el escándalo que estalló en 2013, en el primer mandato del presidente Sebastián Piñera, cuando el INE -y el Gobierno en su conjunto- quedó en entredicho por la manipulación de los datos del Censo 2012, cuyo proceso arrancó con la meta de transformarse en “el mejor censo de la historia”.

En principio, el director del INE en ese entonces, Francisco Labbé, intentó negar la denuncia de manipulación de cifras que destapó un reportaje de Ciper Chile, pero rápidamente la situación de volvió innegable luego que una de sus asesoras, Mariana Alcérreca, admitiera las irregularidades.

En concreto, el primer gran conflicto al interior de la entidad, se originó en torno a las cifras que se deberían presentar como oficiales. “Yo dije que había que mostrar los 15 millones 800 mil efectivamente censados y decir qué le sumamos para llegar al total de 16 millones 600 mil, pero el director me dijo que no, que había que decir que censamos 16 millones 600 mil. Yo le dije que eso no era verdad y él me dice textual ‘No seas huevona, no te dispares en los pies’, por lo que le respondí que prefería ser huevona a mentirosa”, dijo.

De hecho, fue en base a esta polémica que surgió en el Congreso el proyecto actualmente en tramitación, cuya discusión arrancó en 2015.

A ello se suma otro escándalo de similares características, en 2013, también en la primera administración Piñera, cuando quedó en entredicho la metodología de la encuesta Casen, el principal instrumento para la medición de la pobreza en nuestro país.

En el centro de los cuestionamientos quedó el Ministerio de Desarrollo Social, liderado entonces por Joaquín Lavín, que estaba a cargo del proceso, y que incluso significó en ese entonces la marginación temporal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la entidad de la ONU que históricamente ha colaborado en la medición.

Así las cosas, con toda esa carga sobre sus hombros, la ex subdirectora técnica del INE, Sandra Quijada, asumió como directora interina del organismo, quien deberá asumir el complejo proceso de modernización, además de los dos sumarios administrativos que aún permanecen abiertos.